MADRID. La gestión de los tiempos y la selección de los apoyos públicos por parte del Ministerio de Igualdad ha vuelto a situarse en el centro de la polémica política. La ministra Ana Redondo ha mantenido recientemente un encuentro privado con la mujer que el pasado diciembre denunció públicamente haber sufrido abusos por parte del expresidente del Gobierno, Adolfo Suárez, fallecido en 2014.

El encuentro, que según fuentes del Ejecutivo se prolongó durante más de una hora, se desarrolló en un clima descrito como de “mucha cercanía y cariño”. Durante la reunión, la ministra trasladó a la denunciante que su departamento le otorga total veracidad a su relato y le aseguró que las puertas del ministerio permanecen abiertas para ella.

La denuncia se refiere a hechos presuntamente ocurridos entre 1983 y 1985, cuando la mujer era menor de edad y Suárez ya había abandonado la presidencia del Gobierno, aunque mantenía su escaño en el Congreso. Dada la muerte del único acusado hace una década, el caso carece de recorrido penal posible. No obstante, la presunta víctima ha solicitado una reparación simbólica, exigiendo la retirada de honores al artífice de la Transición y la eliminación de su nombre del Aeropuerto de Madrid-Barajas, una petición que, por el momento, el Ministerio de Transportes no contempla atender.

El contraste con las denuncias internas

La celeridad de Redondo al recibir a esta denunciante —apenas unas semanas después de que el caso saltara a los medios— ha generado malestar al compararse con la respuesta ofrecida a las víctimas de supuestos casos de acoso sexual y laboral dentro del PSOE.

Fuentes críticas señalan que la ministra no ha mantenido ningún contacto personal similar con la decena de mujeres que han utilizado los canales internos del partido para denunciar comportamientos machistas de altos cargos socialistas. Entre los señalados figuran nombres de peso como Francisco Salazar, exasesor de Pedro Sánchez en Moncloa; Javier Izquierdo, miembro de la Ejecutiva Federal; y varios alcaldes de municipios en Galicia, Andalucía y la Comunidad Valenciana.

Según la información trascendida, la dirección del partido en Ferraz habría mantenido paralizadas estas denuncias internas durante cinco meses, reaccionando únicamente cuando los casos amenazaban con filtrarse a la prensa. Aunque finalmente el partido activó los protocolos y delegó en la secretaria de Organización, Rebeca Torró, y la secretaria de Igualdad, Pilar Bernabé, para reunirse con las afectadas, la ministra Redondo no ha participado en estos encuentros.

Esta diferencia de trato ha alimentado las acusaciones de un doble rasero en el Ministerio de Igualdad, al que se le achaca una actuación diligente y empática en casos que afectan a figuras históricas de otros espectros políticos, frente a una actitud distante y una respuesta tardía cuando las acusaciones golpean a las filas del propio Gobierno.