En un movimiento que reactiva las tensiones diplomáticas de máximo nivel entre Washington y Caracas al inicio de este año 2026, el gobierno de los Estados Unidos ha reafirmado este sábado su intención inquebrantable de llevar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ante la justicia federal en Nueva York. Las autoridades norteamericanas han recordado que las graves acusaciones por narcoterrorismo, corrupción y tráfico de armas contra el líder chavista siguen plenamente vigentes y son una prioridad para el Departamento de Justicia.

La postura estadounidense subraya que el objetivo final sigue siendo la comparecencia de Maduro ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, conocido por procesar casos de alto perfil relacionados con el crimen organizado internacional y el terrorismo.

El origen de la acusación

El caso contra Maduro se remonta a marzo de 2020, cuando el entonces Fiscal General de EE. UU., William Barr, anunció la presentación de cargos criminales contra el mandatario venezolano y más de una docena de altos funcionarios de su gobierno, así como líderes de las disidencias de las FARC.

La acusación formal (indictment) sostiene que Nicolás Maduro no solo estaba al tanto, sino que lideraba activamente una organización criminal conocida como el “Cártel de los Soles”. Según la fiscalía estadounidense, esta organización, incrustada en la cúpula militar y gubernamental venezolana, habría conspirado durante más de dos décadas para traficar cientos de toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos.

Los fiscales federales argumentan que el objetivo de esta presunta conspiración no era únicamente el enriquecimiento ilícito, sino también utilizar el narcotráfico como un “arma” geopolítica para desestabilizar a los Estados Unidos, inundando sus calles con narcóticos y socavando la salud pública y la seguridad nacional.

Recompensa millonaria y presión internacional

Como parte de esta estrategia judicial, el Departamento de Estado de EE. UU. mantiene activa una de las recompensas más altas jamás ofrecidas por un jefe de Estado en funciones: hasta 15 millones de dólares por información que conduzca directamente al arresto o condena de Nicolás Maduro.

Esta reiteración de la postura estadounidense se produce en un contexto regional complejo, enviando un mensaje claro de que, a pesar de los vaivenes políticos y los intentos de diálogo en años anteriores, la vía judicial contra la cúpula chavista no se ha cerrado.

La respuesta de Caracas

Históricamente, el gobierno de Venezuela ha rechazado categóricamente estas acusaciones, calificándolas como una “infamia” y una herramienta de persecución política orquestada por el “imperialismo norteamericano” para justificar una intervención y forzar un cambio de régimen en el país sudamericano. Maduro ha negado reiteradamente cualquier vínculo con el narcotráfico, asegurando que su gobierno combate activamente a las mafias de la droga provenientes de Colombia.

La insistencia de Washington en este inicio de 2026 sugiere que la presión legal seguirá siendo un pilar fundamental de la política exterior estadounidense hacia Venezuela en el futuro previsible.