Miguel Ángel
La investigación judicial sobre la gestión de la catastrófica DANA que asoló la provincia de Valencia hace más de un año ha vivido hoy un capítulo crucial. José Miguel Basset, quien fuera inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos y responsable operativo de la emergencia aquel fatídico 29 de octubre, ha roto su silencio a las puertas de los juzgados de Catarroja. En una declaración que desmonta parte del relato sostenido por otros cargos de Emergencias, Basset ha asegurado de forma contundente que nunca se opuso al aviso masivo a la población: “Estaba claro que había que hacer un envío”.
Un testimonio clave para la instrucción
Basset ha comparecido esta mañana en calidad de testigo, una citación que había generado gran expectación mediática y judicial. Su testimonio era vital para esclarecer dos de las grandes incógnitas que aún rodean la tragedia: por qué el sistema de alerta masiva a los teléfonos móviles (ES-Alert) se demoró hasta las 20:28 horas y quién ordenó la retirada de los bomberos que vigilaban el barranco del Poyo justo antes de su desbordamiento.
A su llegada a la sede judicial, y ante la insistencia de los periodistas, el exjefe de bomberos ha querido zanjar la polémica sobre su supuesta reticencia a activar las alarmas. “No”, ha respondido tajante al ser preguntado si discutió con el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, o si pidió evitar “generar alarmismo”, tal y como se había sugerido en testimonios previos. Para Basset, la necesidad de alertar a la ciudadanía era evidente dada la situación.
La controversia del Barranco del Poyo
Más allá de la alerta móvil, el otro punto caliente de la jornada ha girado en torno a la vigilancia física del terreno. Durante la instrucción se ha cuestionado por qué se retiraron los efectivos que monitoreaban el caudal del barranco del Poyo a mediodía, horas antes de que la riada arrasara las poblaciones de l’Horta Sud.
Aunque ante los medios Basset se ha mostrado más reservado sobre este punto, remitiéndose a que daría las explicaciones pertinentes “dentro del juzgado”, fuentes cercanas al caso han deslizado que, ya en sala, el exmando ha marcado distancias. Según estas informaciones, Basset habría declarado ante la jueza que fue “ajeno” tanto a la petición inicial de movilizar bomberos a la zona como a su posterior retirada, alegando que no se encontraba en su despacho cuando se tramitó la solicitud y que se enteró de la desmovilización días después de la catástrofe.
Un cruce de versiones en el Cecopi
La declaración de hoy añade presión sobre la gestión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi). Las palabras de Basset chocan frontalmente con las actas y declaraciones de otros responsables políticos y técnicos, como las de Jorge Suárez, quien había atribuido a los mandos operativos ciertas dudas sobre la conveniencia de los avisos masivos.
Este testimonio podría obligar a la magistrada a replantear las responsabilidades en la cadena de mando. La instrucción sigue tratando de determinar si hubo negligencia en la transmisión de la información crítica que podría haber salvado vidas. Basset volverá a declarar el próximo lunes para continuar respondiendo a las preguntas de las partes, en un proceso que, entrado ya el 2026, sigue buscando respuestas para las familias de las víctimas.
