Miguel Ángel
Madrid — El sistema de colaboración público-privada en la sanidad madrileña afronta una nueva crisis. La difusión de unas grabaciones en las que Pablo Gallart, responsable de Ribera Salud en el Hospital Universitario de Torrejón, instaba a su equipo a “desandar el camino” de la reducción de listas de espera para priorizar el beneficio económico, ha desencadenado una tormenta política y administrativa que implica tanto al Gobierno central como a la Comunidad de Madrid.
Instrucciones para “lucrarse” con la espera
El origen del escándalo reside en unos audios revelados en los que Gallart, dirigiéndose a mandos intermedios, solicitaba rechazar pacientes y procesos médicos costosos para asegurar un EBITDA (beneficio bruto de explotación) de “cuatro o cinco millones de euros”. Según las informaciones publicadas, el directivo pedía explícitamente frenar la reducción de las listas de espera lograda en años anteriores, ya que esa eficiencia estaba mermando la rentabilidad de la concesionaria.
Este modelo de gestión ha sido señalado por investigaciones periodísticas recientes, que apuntan a que el grupo sanitario —propiedad de la multinacional francesa Vivalto Santé— opera en España a través de una compleja red de decenas de sociedades, diseñada presuntamente para maximizar el lucro a costa de los recursos públicos.
Ofensiva del Ministerio de Sanidad
La reacción del Gobierno central ha sido inmediata. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha ordenado la intervención de la Alta Inspección del Estado para investigar si se han vulnerado derechos fundamentales de los pacientes.
En una carta dirigida a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, García ha calificado los hechos de “gravísimos” y ha advertido que, de confirmarse, supondrían un “atentado directo” contra la equidad y la calidad del Sistema Nacional de Salud. El Ministerio estudia todas las vías legales, incluida la posible rescisión del contrato de concesión si se demuestra el incumplimiento de las obligaciones asistenciales. Expertos consultados señalan que las directrices dadas por el directivo son causa justificada para sanciones e incluso para la extinción del convenio.
Feijóo marca distancias y exige “absoluto rigor”
La presión sobre el Gobierno de Ayuso no llega solo desde la oposición o el Gobierno central. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha entrado de lleno en la polémica exigiendo una auditoría “con absoluto rigor” sobre la gestión del hospital.
Feijóo ha celebrado el cese de Gallart —quien fue apartado de sus funciones por Ribera Salud tras la filtración— y ha sentenciado que este tipo de prácticas mercantilistas son “incompatibles” con el servicio público. “Si alguien pretende ahorrarse dinero a base de no atender a los pacientes, no solo hay responsabilidad administrativa, sino que debe ser sancionado”, declaró el líder popular, en un movimiento que se interpreta como una exigencia de transparencia total a sus compañeros de partido en la Comunidad de Madrid.
La respuesta de la Comunidad y de la empresa
Por su parte, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha enviado un equipo multidisciplinar al centro para realizar comprobaciones in situ. Aunque el Gobierno regional asegura que hasta la fecha no había detectado incumplimientos contractuales, se ha comprometido a llegar hasta el final en la investigación.
El grupo Ribera Salud, en el ojo del huracán, ha intentado contener la crisis asegurando que los audios están “sacados de contexto”, aunque ha procedido a la destitución fulminante de Gallart para “garantizar los valores éticos” de la compañía. La empresa ha encargado también su propia auditoría interna mientras la amenaza de una rescisión de contrato —una medida que, según juristas, es legalmente viable y compleja pero salvable— planea sobre el futuro del hospital.
