Madrid, 13 de diciembre de 2025. – La tranquilidad en los despachos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) se ha roto abruptamente esta semana. La irrupción de agentes de la UCO para requerir documentación y realizar registros ha generado un clima de “pánico” interno, según fuentes cercanas al organismo. Lo que comenzó como una investigación focalizada amenaza con convertirse en una causa general que podría implicar a numerosos directivos que compartieron decisiones durante la etapa bajo sospecha.

Una investigación que se ramifica

El epicentro del terremoto judicial es la denominada “trama Leire” o “caso Leire”, que investiga presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal. Las pesquisas, dirigidas por la Audiencia Nacional en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, han llevado a los agentes a registrar no solo la sede de la SEPI, sino también las de sus filiales y empresas participadas como Sepides, Enusa, Mercasa y Correos.

La operación ya ha dejado nombres propios sobre la mesa: la detención del expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y de la exmilitante socialista y supuesta conseguidora, Leire Díez. Sin embargo, el foco de los investigadores parece ir más allá de las responsabilidades individuales, indagando en la posible venta irregular de patrimonio público y en la adjudicación de contratos durante la última década.

“Puede caer cualquiera”

El ambiente dentro del holding público se describe como irrespirable. El temor no se limita a quienes tomaron las decisiones políticas, sino que se ha extendido a mandos medios y técnicos que validaron operaciones administrativas durante la presidencia de Fernández y en los meses posteriores. “El miedo es terminar salpicados no por estar involucrados en la trama, sino por haber compartido la gestión o haber firmado documentos de trámite en esa época”, señalan voces internas.

La investigación apunta a que las supuestas actividades ilícitas podrían abarcar no solo el mandato oficial de Fernández, sino extenderse hasta 18 meses después de su salida, lo que pone en el punto de mira a la actual cúpula directiva y a otros altos cargos nombrados en años recientes.

Conexiones políticas y empresariales

La UCO también ha puesto su atención en el sector privado. Se han practicado registros en la sede de la energética Forestalia en Zaragoza y Madrid, así como en la empresa Servinabar, propiedad del empresario Antxon Alonso, quien también ha sido detenido y a quien se vincula con sectores influyentes del ámbito político.

Las ramificaciones del caso tocan fibras sensibles de la administración. La figura de Vicente Fernández es clave por su cercanía histórica a la actual vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, bajo cuya tutela se gestionaron rescates de empresas estratégicas como Air Europa, Plus Ultra y Duro Felguera. Ahora, la duda que sobrevuela los pasillos de la SEPI es hasta dónde llegará el “efecto dominó” de los discos duros y documentos incautados por la Guardia Civil.

Fuente: theobjective.com