Miguel Ángel
MADRID. — La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha dado un nuevo impulso a la investigación que rodea a Leire Díez, figura clave en la presunta trama de corrupción que salpica a varios organismos públicos. Según fuentes próximas a la investigación, los agentes han llevado a cabo registros exhaustivos en tres propiedades vinculadas a la exmilitante del PSOE, incautando material informático y documentación personal que podría ser determinante para el caso.
Registros en Cantabria y Madrid
El operativo policial se desplegó de manera simultánea en tres localizaciones. Los agentes se personaron en la vivienda de Díez situada en Vega de Pas (Cantabria), así como en dos inmuebles en la Comunidad de Madrid: un piso en Leganés y un apartamento en el barrio de Las Tablas.
El objetivo principal de los registros era asegurar pruebas directas sobre la supuesta actividad delictiva. Durante las intervenciones, la UCO confiscó dos teléfonos móviles, diversas agendas personales y volcó el contenido de su correo electrónico. Los investigadores buscan rastrear las comunicaciones y los movimientos financieros que sustenten las acusaciones de prevaricación, malversación y tráfico de influencias que pesan sobre la trama.
Conexiones con la SEPI y Correos
Esta actuación se enmarca en una causa más amplia instruida por el Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, que se mantiene bajo secreto de sumario. La investigación no solo afecta a Díez; también fueron detenidos Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y el empresario Antxon Alonso, vinculado al entorno de Santos Cerdán.
Las pesquisas apuntan a que la red podría haber operado cobrando comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de contratos públicos y favores administrativos. Se estima que la trama habría movido cerca de 750.000 euros en comisiones, dinero que presuntamente se destinó a la adquisición de inmuebles en localidades como Marbella y Jaca.
Además de los domicilios particulares, la Guardia Civil ha extendido sus requerimientos de información a instituciones clave como Correos, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio para la Transición Ecológica, buscando expedientes de contratación que, según la tesis policial, habrían sido manipulados o adjudicados “a dedo”, como un contrato de 18 millones de euros para el suministro de pantallas en oficinas postales.
Los detenidos, incluida Leire Díez, ya han pasado a disposición judicial, mientras los analistas de la UCO comienzan el minucioso trabajo de examinar los terabytes de información extraídos de los dispositivos incautados.
