La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha puesto cifras provisionales a uno de los mayores escándalos recientes en la política nacional. Según los últimos informes remitidos al sumario, la constructora Acciona habría abonado presuntamente un total de 6,7 millones de euros a Santos Cerdán, ex número 3 del Partido Socialista. Estos fondos habrían llegado a través de una red societaria instrumentalizada, cuyo epicentro se sitúa en la mercantil Servinabar 2000 SL, empresa de la que Cerdán era socio desde el año 2016.

Según informa El Confidencial, el cálculo de estos sobornos es todavía preliminar, ya que los investigadores sospechan que el flujo de capital no se limitó a una sola vía, sino que se diversificó a través de otras mercantiles y constructoras aún bajo lupa.

La operación urbanística de Zaragoza: El nexo con Erri Berri

Una de las piezas clave que ha salido a la luz en esta fase de la investigación se centra en una polémica operación urbanística en Aragón: la reconversión de la antigua Universidad Laboral de Zaragoza.

En marzo de 2023, bajo el mandato autonómico del socialista Javier Lambán y con Cerdán ejerciendo ya como sustituto de José Luis Ábalos en Ferraz, se adjudicó la transformación de este histórico complejo de 38 hectáreas. A pesar de la oposición social que demandaba un uso educativo, el terreno se destinó a una macropolataforma logística.

La constructora Montepino ganó el concurso y encargó el derribo de los edificios a Acciona. Sin embargo, la multinacional subcontrató la demolición a Erri Berri SL, una empresa de Olite (Navarra). Es en este punto donde, según ha revelado El Confidencial, se reactiva la trama de cobros:

• El mecanismo: Erri Berri SL transfirió casi 100.000 euros a Servinabar 2000 SL (la empresa de Cerdán y su socio Joseba Antxon Alonso) en dos pagos realizados entre finales de 2023 y principios de 2024.
• La justificación: Las facturas reflejaban conceptos de “gestiones comerciales y desarrollo técnico”.
• La sospecha: La UCO sostiene que estos pagos eran, en realidad, una comisión por haber conseguido que Acciona (con quien Cerdán tenía relación) contratara a la empresa de demoliciones navarra.

Un “conseguidor” y facturas bajo sospecha

La investigación señala a Joseba Antxon Alonso Egurrola, socio y amigo personal del exdirigente socialista, como la figura del “conseguidor”. El presidente de la empresa subcontratada, Erri Berri SL, ha defendido ante El Confidencial la legalidad de la operación, alegando que es práctica habitual en el sector pagar comisiones comerciales por la búsqueda de clientes.

Sin embargo, el contexto es lo que alarma a los investigadores: aunque el cobro fue entre privados, el origen de la obra nace de una subasta de suelo público gestionada por administraciones socialistas (el Gobierno de Aragón y el Ministerio de Vivienda a través de Sepes).

La punta del iceberg: Armas y sector agroalimentario

Lo que preocupa a las autoridades judiciales es que el caso de la Universidad Laboral podría ser solo un ejemplo de un modus operandi sistémico. La documentación aportada por la Hacienda Foral de Navarra al Tribunal Supremo revela que Servinabar 2000 SL recibió fondos de empresas de sectores muy dispares, más allá de la construcción.

En la lista de pagadores aparecen compañías vinculadas al sector armamentístico y a la industria agroalimentaria. El denominador común de todas ellas, tal y como destaca El Confidencial, es que en las fechas próximas a los pagos, estas empresas resultaron beneficiarias de contratos, avales o ayudas públicas otorgadas por administraciones gobernadas por el PSOE.