Miguel Ángel
La operación anticorrupción desplegada este viernes por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha revelado una presunta trama criminal mucho más compleja de lo que sugerían los primeros registros. Lo que comenzó como una intervención en la sede de Correos ha escalado hasta el corazón de los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica, impulsada por hallazgos derivados directamente del denominado caso Koldo.
Agentes del instituto armado se han personado en la Dirección General de Política Energética y Minas, bajo la cartera de Sara Aagesen, y en la Dirección General de Patrimonio del Estado, dependiente de María Jesús Montero. El objetivo: desenmarañar una red que, según fuentes de la investigación, operaba de forma coordinada para amañar contratos públicos en empresas estratégicas.
El control “en la sombra” y la protección política
El eje central de las pesquisas apunta a Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y hombre de confianza de la vicepresidenta María Jesús Montero.
Fuentes cercanas al caso revelan a este periódico que la supuesta actividad delictiva no se limitó a su mandato oficial. Los investigadores sostienen que Fernández Guerrero continuó operando «en la sombra» tras su cese, manteniendo el control fáctico sobre este brazo estratégico del Estado. Según estas mismas fuentes, el ex alto cargo habría manejado los hilos de la contratación pública bajo la supuesta protección de la ministra Montero, aprovechando un periodo en el que el grupo público parecía descabezado administrativamente pero seguía activo en sus adjudicaciones.
La Fiscalía Anticorrupción atribuye a los implicados delitos de extrema gravedad: pertenencia a organización criminal, prevaricación, malversación y tráfico de influencias.
El hilo conductor: del ‘caso Koldo’ a Forestalia
Esta nueva causa, que ya acumula una decena de investigados, no surge del vacío. Las alarmas saltaron el pasado mes de junio, cuando la Guardia Civil analizó documentación incautada en la empresa Servinabar en el marco del caso Koldo.
Servinabar pertenece a Antxon Alonso, socio vinculado a Santos Cerdán (secretario de Organización del PSOE). Al revisar los papeles, la UCO detectó indicios delictivos que excedían la causa original de las mascarillas, lo que llevó al fiscal jefe Alejandro Luzón a incoar diligencias separadas. El foco se puso entonces en un “triángulo” clave: Vicente Fernández, Antxon Alonso y Leire Díez, la denominada fontanera de Ferraz y exdirectora de Relaciones Institucionales de Correos.
El rastro del dinero y las influencias ha llevado a los agentes a practicar registros más allá del ámbito público. Entre las intervenciones destaca la entrada en la sede de Forestalia en Zaragoza, gigante de las energías renovables, así como en el despacho de abogados SDP Estudio Legal S.L. en Sevilla.
Una veintena de requerimientos
Desde que se activó el operativo el pasado miércoles, la actividad policial ha sido frenética. Además de las direcciones generales ministeriales, la UCO ha realizado requerimientos de información en una batería de sociedades públicas: SEPI, Sepides, Enusa y Mercasa.
También se han efectuado registros domiciliarios en Madrid, Zaragoza, Sevilla y Navarra. Los investigadores consideran que la presunta trama desplegó su influencia para amañar contratos de forma “continuada en el tiempo”, tejiendo una red de favores que ahora la Audiencia Nacional trata de desmantelar.
