MADRID — El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha formalizado este martes la entrega de la documentación requerida por el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional. Cumpliendo con el ultimátum judicial, la formación ha remitido al magistrado Ismael Moreno los registros de todos los pagos en metálico efectuados por el partido entre los años 2017 y 2024.

La entrega se produce en el marco de las diligencias que investigan el denominado ‘caso Koldo’, una trama de presunta corrupción que salpica al entorno del exministro José Luis Ábalos. Aunque la dirección socialista intentó inicialmente acotar la petición del juez alegando que una solicitud tan amplia podría constituir una “causa general” contra el partido, finalmente ha acatado la orden de aportar la totalidad de los movimientos de su caja.

Un ‘pendrive’ con siete años de contabilidad

Según fuentes judiciales, la documentación ha sido entregada en formato digital (un pendrive) e incluye una relación exhaustiva de los desembolsos en efectivo. El juez Moreno, con el respaldo de la Fiscalía Anticorrupción, había sido explícito en su requerimiento: exigía conocer los abonos realizados “con independencia del destinatario”.

Esto implica que el PSOE ha tenido que detallar los pagos realizados no solo a los implicados directos en la causa —como Koldo García o el propio Ábalos—, sino también a cualquier otro cargo público, trabajador del partido, simpatizante o voluntario que hubiera percibido dinero en metálico de la caja de Ferraz durante el periodo investigado. Junto a los listados, se han adjuntado los correspondientes justificantes y soportes documentales de dichas operaciones.

Petición de secreto para proteger a terceros

A pesar de la entrega, la estrategia legal del partido busca ahora blindar la información sensible que no esté relacionada con el delito investigado. El PSOE ha solicitado formalmente al juez que se declare pieza secreta esta parte de la investigación.

Desde la formación argumentan una “honda preocupación” por las posibles filtraciones. Sostienen que, al verse obligados a entregar la contabilidad completa de los pagos en efectivo, quedan expuestos datos personales y profesionales de terceros que no tienen ninguna relación con la trama de mascarillas ni con los hechos delictivos bajo la lupa de la Justicia. El partido teme que esta información pueda ser utilizada con fines políticos si trasciende a la opinión pública o cae en manos de las acusaciones populares.

El magistrado Ismael Moreno deberá decidir en los próximos días si acepta esta petición de confidencialidad o si, por el contrario, da traslado de toda la documentación a las partes personadas en el proceso. Mientras tanto, desde Ferraz insisten en que su voluntad es de “máxima colaboración con la Justicia” y reiteran que “no tienen nada que ocultar” respecto a la gestión de sus cuentas.