Madrid – El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, ha decretado este sábado la libertad provisional para Leire Díez, conocida en círculos políticos como la ‘fontanera’ de Ferraz, así como para Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y el empresario Antxon Alonso. Los tres habían sido detenidos el pasado miércoles en el marco de una operación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investiga una presunta red de corrupción vinculada a la adjudicación irregular de contratos públicos.

La decisión del magistrado se produce después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara la libertad provisional con imposición de medidas cautelares, descartando así la petición de prisión incondicional para los investigados.

Una jornada de declaraciones clave

Durante la mañana de este sábado, los tres detenidos han prestado declaración en la sede judicial. Según fuentes jurídicas, Leire Díez ha negado tajantemente haber utilizado sus influencias políticas para mediar en la adjudicación de contratos o haber recibido trato de favor. En su comparecencia, la exmilitante socialista ha defendido su trayectoria profesional, desgranando su paso por empresas públicas como Enusa y Correos, ambas dependientes del holding estatal SEPI, justificando sus cargos por criterios técnicos y laborales y desvinculándolos de su antigua afiliación al PSOE.

Por su parte, Vicente Fernández y Antxon Alonso —administrador único de la empresa Servinabar— también han respondido a las preguntas del juez y del ministerio fiscal, tratando de desmontar la tesis de los investigadores que los sitúa en el centro de una trama de prevaricación, malversación y tráfico de influencias.

La investigación de la UCO

La operación estalló el pasado miércoles cuando agentes de la UCO procedieron a la detención de los tres implicados y al registro de diversas sedes y domicilios en busca de documentación. Las pesquisas se centran en esclarecer si existió una concertación para amañar contratos públicos en organismos dependientes de los Ministerios de Hacienda y Transición Ecológica.

Los investigadores sospechan que la trama podría haber instrumentalizado la estructura de la SEPI y otras entidades estatales para desviar fondos y favorecer a empresas afines, como la citada Servinabar. A pesar de la gravedad de los delitos investigados —que incluyen también el de organización criminal—, la Fiscalía ha considerado que, en este momento procesal, el riesgo de fuga o de destrucción de pruebas se puede mitigar con las medidas cautelares impuestas, permitiendo que los acusados esperen el avance de la instrucción en libertad.

La causa continúa bajo secreto de sumario mientras la Guardia Civil sigue analizando la abundante documentación incautada durante los registros, lo que podría derivar en nuevas diligencias en las próximas semanas.