Madrid — El tablero político español ha sufrido una sacudida de alta intensidad este miércoles. La estabilidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez pende de un hilo tras confirmarse el distanciamiento total de Junts per Catalunya, un movimiento que amenaza con bloquear definitivamente la actividad parlamentaria. Sin embargo, en un intento por recuperar la iniciativa política y social, el Presidente del Gobierno ha contraatacado con un anuncio de calado en materia de vivienda.

El fin de la confianza en Suiza

Lo que comenzó como una relación transaccional para la investidura parece haber llegado a su fin. Desde la formación independentista se ha trasladado un mensaje contundente: la ruptura con el Partido Socialista se considera ya “irreversible”.

El detonante de este cisma se sitúa en las reuniones mantenidas en Ginebra. Según el entorno de Carles Puigdemont, la negociación ha saltado por los aires debido a lo que califican como “múltiples mentiras” por parte de los interlocutores socialistas. La figura del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, clave en la mediación, se ha visto envuelta en la polémica, con acusaciones cruzadas sobre el incumplimiento de los calendarios y los compromisos adquiridos en materia de autogobierno y financiación.

La tensión se ha trasladado de inmediato al Congreso de los Diputados, donde la actividad legislativa corre el riesgo de sufrir una parálisis total si los siete votos de Junts pasan de la abstención o el “sí” condicional a un “no” sistemático.

Sánchez responde con gestión: blindaje ante impagos

Lejos de darse por vencido ante la crisis política, Pedro Sánchez ha optado por una huida hacia adelante basada en la gestión económica y social. En un movimiento que busca reconectar con el votante medio y, quizás, calmar las aguas con sectores más conservadores, el jefe del Ejecutivo ha anunciado la inminente aprobación de un Real Decreto enfocado en el mercado inmobiliario.

Esta nueva normativa tiene como objetivo principal ofrecer seguridad jurídica a los pequeños propietarios de vivienda. La medida estrella del decreto será un paquete de ayudas y garantías estatales para cubrir a los arrendadores frente a posibles impagos del alquiler.

Con esta iniciativa, el Gobierno intenta desviar el foco de la tormenta soberanista y centrar el debate en uno de los problemas más acuciantes para la ciudadanía: el acceso y la seguridad en el mercado de la vivienda. Se trata de un gesto que también busca desarmar los argumentos de la oposición sobre la supuesta inacción del Gobierno en materia de protección a la propiedad privada.

Un escenario de incertidumbre máxima

La simultaneidad de estos eventos dibuja un escenario paradójico: mientras el Gobierno legisla por decreto para intentar solucionar problemas cotidianos, su soporte parlamentario estructural se desmorona.

La oposición ya ha comenzado a reaccionar ante lo que consideran el fin de la legislatura, exigiendo explicaciones sobre lo ocurrido en las reuniones de Suiza y cuestionando la viabilidad de un Gobierno que ha perdido a su socio prioritario. Las próximas horas serán decisivas para saber si el anuncio de vivienda es suficiente paracaídas para amortiguar el golpe político o si, por el contrario, España se encamina hacia un nuevo bloqueo institucional o un adelanto electoral.