Madrid, 12 de diciembre de 2025. — La tormenta judicial que se cernía sobre el PSOE ha descargado con fuerza en las últimas 48 horas. En un intervalo frenético que ha dejado perplejo al panorama político, cinco figuras vinculadas directa o indirectamente al entorno del partido y del Gobierno han sido detenidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Las operaciones, aunque dirigidas por distintos juzgados, convergen en una misma narrativa: el estrechamiento del cerco sobre presuntas tramas de corrupción que salpican a altos cargos.

La caída de la “fontanera” y el hombre de confianza de Montero

El primer golpe lo asestó la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil este miércoles con la detención de Leire Díez, conocida en los círculos políticos como la “fontanera” del PSOE. Díez, exmilitante socialista, está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos.

Sin embargo, la operación cobró una dimensión mayor con el arresto simultáneo de Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Fernández no es un perfil técnico cualquiera; fue una figura clave en la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía y considerado la mano derecha de la actual vicepresidenta, María Jesús Montero, quien lo aupó a la presidencia del holding público en 2018.

La investigación apunta a vínculos laborales posteriores de Fernández con la empresa Servinabar, donde trabajó entre 2021 y 2023 tras su salida de la administración pública.

La conexión navarra: Santos Cerdán en el punto de mira

La trama de Servinabar ha derivado en una tercera detención ejecutada el jueves: la del empresario vasco Antxón Alonso, propietario de la constructora. Las pesquisas de la UCO han revelado documentos que sugieren que el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, podría haber operado en la sombra tras esta sociedad.

Según fuentes de la investigación, se indaga si existían contratos privados que otorgaban a Cerdán participación en la empresa, lo que vincularía directamente a la cúpula orgánica del partido con la trama de adjudicaciones bajo sospecha.

Golpe a Plus Ultra: blanqueo de capitales

Mientras la UCO actuaba en el frente de los contratos públicos, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional abría un segundo frente paralelo. En una operación dirigida por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, fueron detenidos la cúpula directiva de la aerolínea Plus Ultra: su propietario, Julio Martínez, y el director ejecutivo, Roberto Roselli.

Aunque esta causa discurre por separado, el impacto político es innegable. La aerolínea fue objeto de un polémico rescate de 53 millones de euros por parte del Gobierno en 2021, una ayuda que siempre estuvo bajo la lupa de la oposición y de Bruselas. Las detenciones actuales se enmarcan en una investigación por presunto blanqueo de capitales, reabriendo el debate sobre la idoneidad de aquel rescate público.

Un diciembre negro para Ferraz

Estas cinco detenciones se suman a un clima ya enrarecido por las situaciones procesales de figuras como el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García. La acumulación de frentes judiciales ha provocado reacciones inmediatas: desde el “dolor y tristeza” expresado por María Jesús Montero hasta las acusaciones de la oposición, que ven en estos hechos la confirmación de una corrupción sistémica.

Con el secreto de sumario aún vigente en varias de las piezas, las próximas horas serán decisivas para determinar el alcance real de unas investigaciones que ya cercan peligrosamente los muros de la sede socialista en la calle Ferraz.