Madrid. — La ofensiva judicial de Vox contra el Ejecutivo suma un nuevo capítulo. La formación ha anunciado este lunes la interposición de una querella ante el Tribunal Supremo contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por un presunto delito de falso testimonio. La acusación se centra en las declaraciones vertidas por el jefe del Ejecutivo durante su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre el denominado ‘caso Delorme’ o trama Koldo.

El portavoz nacional del partido, José Antonio Fúster, ha confirmado la noticia en rueda de prensa, señalando que existen pruebas que contradicen la versión ofrecida bajo juramento por el presidente.

Las contradicciones sobre Antxón Alonso

El núcleo de la querella se basa en la negativa de Pedro Sánchez de conocer a Antxón Alonso, socio de Santos Cerdán en la empresa Servinabar. Durante la comisión de investigación, Sánchez aseguró “no recordar” a esta figura. Sin embargo, informaciones recientes, corroboradas supuestamente por el propio Koldo García, apuntan a una realidad distinta.

Según estos nuevos datos, Alonso habría sido una pieza instrumental en la agenda política del presidente, llegando a organizar un encuentro clave en un caserío entre Pedro Sánchez y Arnaldo Otegi. Para los servicios jurídicos de Vox, esta discrepancia no es un mero olvido, sino una falsedad deliberada en sede parlamentaria que conecta directamente al presidente con la trama investigada.

La reacción de Abascal: “Sánchez mintió de forma evidente”

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha respaldado la acción judicial a través de sus redes sociales, calificando la actuación del presidente como un delito flagrante. “Sánchez mintió de forma muy evidente ante la comisión del Senado. Es un delito, y nos querellaremos para demostrarlo”, ha aseverado.

Abascal ha enmarcado esta decisión en una estrategia de oposición dual: por un lado, la construcción de una alternativa política y, por otro, la persecución judicial de lo que denomina “crímenes de Sánchez y su banda”. Además, ha justificado su ausencia en ciertos actos institucionales argumentando que no pueden compartir espacio con quienes “se camuflan detrás del Estado”.

Las penas por mentir en una comisión

El delito de falso testimonio ante una comisión parlamentaria de investigación está tipificado en el artículo 502.3 del Código Penal. La legislación establece que quien “faltare a la verdad en su testimonio” en estas circunstancias se enfrenta a penas que oscilan entre los seis meses y un año de prisión, o multas de 12 a 24 meses.

No obstante, la querella se enfrenta a un escenario judicial complejo. Cabe recordar que, previo a la comparecencia de Sánchez, la Fiscalía ya manifestó una postura escéptica respecto a este tipo de delitos en el ámbito político, llegando a argumentar en casos similares que perseguir estas falsedades podría atentar contra el principio de intervención penal mínima.

Ahora, la pelota está en el tejado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que deberá decidir si admite a trámite la querella y si considera que existen indicios suficientes para investigar al presidente del Gobierno por mentir a los representantes de la soberanía nacional.