Granollers, 26 de noviembre de 2025. — Una familia de la localidad de Cardedeu ha interpuesto una denuncia por un presunto delito de odio contra el Hospital General de Granollers y una de sus facultativas, a raíz de un conflicto lingüístico sucedido en el servicio de urgencias. Los demandantes alegan que la atención médica les fue denegada inicialmente por expresarse en catalán, en un momento de especial vulnerabilidad para la paciente.

Los hechos denunciados

El suceso tuvo lugar el pasado 18 de agosto, coincidiendo con la fiesta mayor de Cardedeu. Una joven acudió al servicio de urgencias del centro hospitalario acompañada de su padre, tras haber sufrido una posible agresión química que requería valoración inmediata.

Según consta en el relato de la denuncia, padre e hija se dirigieron a la doctora asignada en catalán, su lengua habitual. La respuesta de la profesional, de origen peruano, habría sido tajante, interrumpiendo la explicación inicial para advertirles de que no les prestaría asistencia si no cambiaban de idioma. Los afectados aseguran que la médico afirmó no comprenderles y sentenció: “Si no me habla en español, no la atenderé”.

Ante la urgencia de la situación médica y la necesidad de obtener un parte de lesiones, la familia accedió a comunicarse en castellano para poder ser atendidos, aunque consideran que la situación fue humillante y coercitiva.

La vía judicial

La familia, asesorada por la entidad Acció Cassandra —organización especializada en derechos lingüísticos—, ha formalizado la denuncia en los juzgados de Granollers. La acusación no solo se dirige contra la profesional a título individual, sino que plantea una posible responsabilidad penal corporativa del centro hospitalario. Los demandantes sostienen que podría existir una desprotección sistemática de los derechos de los pacientes que optan por expresarse en la lengua cooficial de Cataluña.

La entidad que representa a la familia califica el trato recibido de “vejatorio” y defiende que condicionar la atención sanitaria de urgencia al uso de una lengua concreta constituye una vulneración grave de derechos fundamentales, encuadrable en la tipificación de delito de odio.

Preocupación por la reincidencia

Este caso se suma a otros episodios similares que han generado debate sobre el uso de las lenguas oficiales en la sanidad pública catalana. Diversos colectivos han manifestado su preocupación por lo que consideran una discriminación persistente hacia los catalanohablantes en servicios esenciales, recordando que la normativa vigente, tanto autonómica como estatal, ampara el derecho del paciente a ser atendido en cualquiera de las lenguas oficiales.

La denuncia busca no solo la reparación para la joven afectada, sino sentar un precedente legal que garantice el respeto a la “dignidad lingüística” de los usuarios en el sistema de salud.