El Tribunal Supremo ha recibido una nueva prueba pericial que podría suponer un giro significativo en la causa que investiga al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. Según ha trascendido, se trata de un informe técnico de Google, compañía que provee el servicio de correo electrónico a la Fiscalía, relacionado con el borrado del buzón del fiscal Julián Salto.

La información contenida en este documento contradice la versión oficial que había mantenido hasta ahora la Fiscalía General del Estado.

La controversia se centra en el buzón de correo de Julián Salto, el fiscal que se opuso a la difusión de la nota de prensa sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. La Fiscalía había sostenido que dicho buzón se eliminó de forma completa y automática 30 días después de que Salto cesara en su puesto, siguiendo el protocolo habitual.

Sin embargo, las nuevas pruebas aportadas al magistrado instructor del Supremo apuntarían en una dirección completamente distinta. Según se informa, el análisis de Google revelaría que no se produjo un borrado total y automatizado de la cuenta. Por el contrario, el informe indicaría que “sólo desaparecieron emails clave”, lo que sugiere una intervención manual y selectiva destinada a eliminar correos específicos y potencialmente sensibles.

Este hallazgo es crucial, ya que el contenido de esos correos podría ser determinante para la investigación que el alto tribunal sigue contra García Ortiz por los presuntos delitos de revelación de secretos y usurpación de funciones, relacionados con la filtración de datos confidenciales del caso de González Amador.

La defensa de la Fiscalía se basaba en que la desaparición del buzón fue un procedimiento estándar e impersonal. La confirmación de que hubo un borrado selectivo y deliberado de ciertos mensajes comprometería seriamente esta línea de defensa y podría apuntar a un presunto intento de obstrucción a la justicia o destrucción de pruebas.

Se espera que el magistrado instructor analice en profundidad este informe técnico para determinar su alcance y tomar las consiguientes decisiones procesales, que podrían complicar aún más la situación del Fiscal General del Estado.

Fuente: EdaTV.news