Una denuncia alerta sobre la justificación utilizada por el Ministerio de Igualdad para recibir 45 millones de euros de fondos europeos destinados al sistema de seguimiento.

La Fiscalía Europea ha anunciado el inicio de diligencias de investigación tras recibir una denuncia sobre posibles irregularidades graves en la gestión de los fondos para el sistema de pulseras antimaltrato en España. El foco de la investigación se centra en 45 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea.

La denuncia, presentada por el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, cuestiona la justificación que habría ofrecido el Ministerio de Igualdad para obtener dicha financiación. Según los informes, el Ministerio argumentó la necesidad de los fondos sosteniendo que los dispositivos de seguimiento debían ser fabricados específicamente para este proyecto, ya que supuestamente no existían productos estándar equivalentes en el mercado.

Sin embargo, la alerta antifraude señala una aparente contradicción. Tan solo nueve días después de presentar esa justificación, se habrían publicado los pliegos técnicos del concurso para adquirir los dispositivos, en los cuales no se incluía ninguna referencia a una fabricación exclusiva ni a requisitos técnicos que implicaran un desarrollo “ad hoc”.

Cambio de proveedor y denuncias de fallos

La polémica sobre el sistema de seguimiento telemático se ha intensificado coincidiendo con un cambio en el proveedor del servicio. A finales de 2023, el contrato, que anteriormente gestionaba Telefónica, fue adjudicado a Vodafone.

Voces expertas han mostrado su preocupación por esta transición. María Ángeles Carmona, expresidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, ha declarado públicamente que se advirtió a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, sobre los riesgos del cambio. Según Carmona, el nuevo proveedor no contaba con experiencia previa en este tipo de dispositivos críticos para la seguridad.

Las críticas han llegado a tal punto que la expresidenta del Observatorio ha denunciado que los nuevos dispositivos adquiridos bajo el contrato actual “se habían comprado en AliExpress”, una afirmación que, según ella, pudo comprobar personalmente.

Estas revelaciones se producen en un contexto de denuncias recurrentes por fallos en el sistema de seguimiento, una herramienta considerada vital para la protección de las víctimas de violencia de género. La investigación de la Fiscalía Europea deberá ahora esclarecer si los hechos denunciados constituyen delitos vinculados al uso de los fondos europeos.