Madrid. La investigación judicial sobre la trama que envuelve al exministro José Luis Ábalos y a su antiguo asesor, Koldo García, ha dado un nuevo salto cualitativo que apunta directamente a la operativa interna del Partido Socialista. Según ha trascendido este miércoles, el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha emitido una providencia en la que exige a la formación política que entregue una relación detallada de todos los pagos en metálico realizados durante un periodo de siete años, concretamente desde 2017 hasta 2024.

Un requerimiento exhaustivo

La orden judicial solicita no solo el listado de los pagos, sino también los documentos y justificantes que soporten dichos movimientos de efectivo. El magistrado busca, según la información adelantada por [Mención a la Fuente Principal], “facilitar al juzgado la relación de pagos en metálico efectuados y documentos en los que se soportan los mismos” para, una vez verificada la documentación, “acordar lo procedente”.

Este movimiento se produce dentro de una pieza separada de la causa, abierta específicamente para rastrear los supuestos pagos en metálico que habrían recibido tanto el exministro Ábalos como Koldo García por parte del partido. La decisión de ampliar el foco a la contabilidad general de los pagos en efectivo del PSOE responde a la necesidad de contrastar si estas operativas seguían los cauces habituales de la formación o si constituían una excepción irregular.

Las indicaciones del Supremo

La medida adoptada por el Juzgado Central de Instrucción n.º 2 no es aislada. Según señalan fuentes jurídicas citadas por [Mención a la Fuente], el juez Moreno actúa siguiendo las indicaciones del Tribunal Supremo. El Alto Tribunal habría solicitado profundizar en el análisis económico para determinar con exactitud si existieron movimientos irregulares vinculados bien a la actividad institucional, bien al funcionamiento orgánico del partido.

El objetivo de los investigadores es obtener una “visión completa” de las operaciones en efectivo durante años clave para la trama. El periodo acotado, de 2017 a 2024, abarca desde la etapa de Ábalos en la Secretaría de Organización del PSOE hasta la actualidad, cubriendo todo el espectro temporal de la investigación del ‘caso Koldo’.

Presión sobre la formación

Este requerimiento judicial añade una nueva capa de presión sobre el PSOE. Lo que comenzó como una investigación sobre presuntas irregularidades en contratos de mascarillas durante la pandemia ha derivado en un escrutinio de los flujos de dinero físico dentro de la organización. La Audiencia Nacional trata de esclarecer si, como se sospecha en esta pieza separada, existió una vía de financiación o retribución en metálico difícil de rastrear.

Ahora, la formación socialista deberá recopilar y remitir a la Audiencia Nacional toda la documentación contable requerida, un paso que será determinante para los próximos movimientos del juez Moreno y el futuro procesal de la causa.