Madrid, 21 de noviembre de 2025. — La legislatura ha entrado hoy en terreno desconocido tras conocerse el fallo del Tribunal Supremo que condena al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos. La sentencia, que impone una inhabilitación de dos años para el cargo, ha dinamitado la ya frágil convivencia política, con el Gobierno cerrando filas en torno a la figura del fiscal y la oposición exigiendo la dimisión inmediata del presidente Pedro Sánchez.

Un fallo histórico y dividido

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha considerado probado que García Ortiz incurrió en un delito al filtrar datos reservados —correos electrónicos y una nota de prensa— relacionados con la investigación fiscal a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Aunque la sentencia completa aún está pendiente de redacción final, el fallo se ha hecho público esta mañana, revelando una fractura en el seno del tribunal: la decisión no ha sido unánime y cuenta con votos particulares discrepantes, un detalle que el Ejecutivo está utilizando para cuestionar la solidez jurídica de la condena.

La inhabilitación marca un hito en la historia democrática de España, al ser la primera vez que un Fiscal General en ejercicio es condenado por el Supremo.

El Gobierno denuncia una “cacería política”

La reacción desde el Palacio de la Moncloa no se ha hecho esperar. En lugar de aceptar el fallo con mesura, el Ejecutivo ha optado por una defensa cerrada, calificando la sentencia de “política” y desproporcionada. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha sido una de las voces más contundentes, afirmando que la condena no busca justicia, sino “atacar al Gobierno” y que convierte al Fiscal General en un “objetivo de la derecha política, mediática y judicial”.

Fuentes internas sugieren que el Gobierno ya baraja la posibilidad de un indulto, mientras que portavoces socialistas han tildado el proceso de “vergüenza”, acusando a sectores del poder judicial de intentar desestabilizar al Ejecutivo mediante el lawfare. Mientras tanto, la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, ha intentado mantener la agenda internacional rechazando el borrador de la COP30, aunque la atención mediática permanece totalmente secuestrada por la crisis judicial.

La oposición pide elecciones anticipadas

En el otro lado del espectro, el Partido Popular ha interpretado la sentencia como la confirmación definitiva de la degradación institucional. Isabel Díaz Ayuso, figura central indirecta del caso, ha declarado que “no es el fiscal, sino Sánchez quien se ha sentado en el banquillo”. Para la presidenta madrileña, el Fiscal General y el Presidente actuaron de forma “coordinada” para intentar destruirla políticamente mediante filtraciones ilegales.

Desde la dirección nacional del PP, se ha exigido la dimisión de Pedro Sánchez y la convocatoria inmediata de elecciones generales. “La justicia en España funciona y es igual para todos”, han sentenciado desde Génova, advirtiendo que mantener al Gobierno tras este varapalo judicial es insostenible y que Sánchez debe “pedir perdón” por haber instrumentalizado las instituciones.

Un clima de tensión irrespirable

La jornada, ya de por sí tensa, se ha visto empañada por otros focos de conflicto. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha autorizado manifestaciones de la Falange con motivo del 20-N, revocando la prohibición inicial de la Delegación del Gobierno, lo que ha añadido más leña al fuego del debate sobre la memoria histórica y el orden público.

Con el Presidente del Gobierno regresando de la cumbre del G20 y un Fiscal General inhabilitado pero respaldado por su gabinete, España afronta las próximas horas sumida en una crisis institucional de consecuencias impredecibles, donde la separación de poderes parece más cuestionada que nunca.