En una decisión sin precedentes en la cúpula judicial española, el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha comunicado este lunes su renuncia al cargo. El movimiento se produce apenas unos días después de que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo dictara sentencia condenatoria en su contra, imponiéndole una pena de dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos.

“Profundo respeto a las resoluciones judiciales”

Según ha trascendido en la carta remitida al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, García Ortiz ha justificado su decisión basándose en la necesidad de preservar la institucionalidad de la Fiscalía. En la misiva, el hasta ahora Fiscal General asegura que su dimisión es un acto de “profundo respeto a las resoluciones judiciales”, independientemente de que se comparta o no el fondo de la decisión.

Tal y como adelanta EDATV, García Ortiz ha expresado textualmente que “ha llegado el momento de abandonar el desempeño de tan alta responsabilidad”, subrayando que su prioridad siempre ha sido proteger a la institución y a los fiscales que la componen.

La condena que precipitó la caída

El detonante de esta renuncia ha sido el fallo del Alto Tribunal, conocido la semana pasada, que considera probado que García Ortiz incurrió en un delito de revelación de secretos. El caso está relacionado con la difusión de datos reservados sobre los procedimientos fiscales que afectaban a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

La sentencia no solo conlleva la inhabilitación especial para el ejercicio del cargo durante dos años, sino también una multa económica y la obligación de indemnizar al querellante. Aunque García Ortiz defendió durante la instrucción que su actuación buscaba combatir “bulos” y defender la verdad institucional, el Supremo ha fallado en su contra, marcando el final de su mandato.

Un final de mandato convulso

En su despedida, García Ortiz ha querido reivindicar su labor al frente del Ministerio Público. En el texto de renuncia, asegura marcharse con el “convencimiento de haber servido fielmente” a la Fiscalía y a la ciudadanía española, destacando su vocación de servicio público y lealtad institucional durante su etapa en el cargo.

Esta dimisión abre ahora un nuevo escenario político y judicial. El Gobierno deberá iniciar los trámites para proponer a un nuevo candidato para liderar la Fiscalía General del Estado, un proceso que requiere la evaluación del Consejo General del Poder Judicial y la comparecencia ante el Congreso de los Diputados.