Un dictamen clave del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha respaldado este jueves la legalidad de la Ley de Amnistía española, en un movimiento que tiene implicaciones directas e inmediatas para los líderes independentistas catalanes Carles Puigdemont y Oriol Junqueras.

Las conclusiones del Abogado General responden a las cuestiones prejudiciales planteadas por los jueces españoles que investigan el “procés”, incluido el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. Aunque este informe no es la sentencia definitiva (que llegará en los próximos meses), la opinión del Abogado General suele marcar el camino que seguirá el pleno del tribunal en la gran mayoría de los casos.

El impacto: Vuelta de Puigdemont e idoneidad de Junqueras

La principal consecuencia política de este dictamen es que despeja significativamente el camino para el retorno a España de Carles Puigdemont. El Abogado General considera que los jueces nacionales deben aplicar la ley de amnistía y, por tanto, retirar las órdenes de detención nacionales que pesan sobre él.

Asimismo, el dictamen abre la puerta a que Oriol Junqueras pueda volver a ser candidato en unas elecciones. La aplicación de la amnistía supondría el levantamiento de su pena de inhabilitación, permitiéndole regresar a la primera línea política.

El fondo legal: “No hay autoamnistía”

El núcleo del dictamen desmonta uno de los principales argumentos esgrimidos por los jueces españoles contra la ley: la llamada “autoamnistía”.

Los críticos argumentaban que la ley era contraria al derecho europeo porque fue aprobada por una mayoría parlamentaria (el PSOE y sus socios) que incluía a los propios beneficiarios de la norma (los partidos independentistas).

Sin embargo, el Abogado General del TJUE ha sido claro al respecto, concluyendo que el derecho de la Unión Europea no se opone a una ley de amnistía por el mero hecho de que la mayoría que la aprobó pueda tener un interés en su aplicación. Rechaza así que esto suponga una vulneración de los principios del Estado de derecho o de la separación de poderes que preocupe a la UE.

El papel de los jueces nacionales

Otro de los puntos fundamentales del dictamen se centra en el margen de maniobra de los jueces nacionales. El Abogado General subraya que un juez nacional no puede simplemente “inaplicar” una ley nacional (como la amnistía) basándose en que contraviene principios constitucionales de su propio país, como la separación de poderes.

El dictamen recuerda que la única razón por la que un juez nacional podría dejar de aplicar una ley es si esta viola directamente el derecho de la Unión Europea, algo que, según las conclusiones del Abogado General, no sucede en los puntos clave consultados.

A la espera de la sentencia firme del TJUE, este dictamen supone el primer gran respaldo europeo a la arquitectura legal de la amnistía y complica la estrategia judicial de los tribunios españoles que buscaban frenarla.