Miguel Ángel
La reciente decisión del Tribunal Supremo de condenar e inhabilitar al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha desatado una tormenta política inmediata. Tras conocerse el fallo, que impone dos años de inhabilitación y una multa económica por un delito de revelación de secretos, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha lanzado un mensaje directo al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, vinculando su responsabilidad política con la condena del jurista.
“En ese banquillo se sentaba él mismo”
La reacción de la dirigente regional no se ha hecho esperar. A través de sus redes sociales, Ayuso ha recordado las palabras de Pedro Sánchez, quien en meses anteriores había defendido públicamente la actuación del Fiscal General, asumiendo en primera persona la responsabilidad de las acciones de la Fiscalía.
“En ese banquillo, según Sánchez, se sentaba él mismo”, ha sentenciado Ayuso. Con esta declaración, la presidenta subraya que la condena judicial no solo afecta a García Ortiz, sino que supone un revés directo para el Gobierno, que había respaldado la estrategia de filtrar datos confidenciales de un particular —en este caso, la pareja de la presidenta— para contrarrestar narrativas políticas adversas.
Los detalles de la condena
El Alto Tribunal ha sido tajante en su sentencia. Considera probado que Álvaro García Ortiz incurrió en un delito de revelación de secretos al difundir información reservada sobre los procedimientos tributarios de Alberto González Amador. El fallo establece una pena de dos años de inhabilitación para el ejercicio del cargo, una multa de 7.200 euros y la obligación de indemnizar al afectado con 10.000 euros por daños morales.
Los magistrados concluyeron que la difusión de nota de prensa con datos confidenciales vulneró derechos fundamentales, desestimando el argumento de la Fiscalía de que se trataba de combatir “bulos”. Para el tribunal, el uso de canales institucionales para revelar datos de un ciudadano particular constituye una extralimitación incompatible con la función de custodia de la legalidad que ostenta el Ministerio Público.
Repercusión institucional
Desde el entorno de la Puerta del Sol califican la sentencia como un éxito para el Estado de Derecho y la democracia. Consideran que el fallo sienta un precedente crucial sobre los límites del poder político y el uso de las instituciones del Estado para fines partidistas.
Se espera que la presidenta madrileña realice una comparecencia institucional en la Real Casa de Correos para valorar en profundidad las consecuencias de esta inhabilitación sin precedentes en la democracia española. Mientras tanto, la oposición exige explicaciones inmediatas a Moncloa por lo que consideran un uso instrumental de la Fiscalía General del Estado.
