El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero deberá comparecer ante la Audiencia Nacional el próximo 2 de junio en calidad de investigado. Así lo ha acordado el magistrado instructor José Luis Calama, quien ha levantado este martes el secreto de las actuaciones del denominado caso Plus Ultra. El juez le atribuye el liderazgo de una presunta red organizada y jerarquizada dedicada al tráfico de influencias, cuyo principal objetivo habría sido obtener resoluciones administrativas favorables para la aerolínea a cambio de beneficios económicos canalizados hacia su entorno.

Un auto de 85 páginas que dibuja una trama organizada

A lo largo de 85 páginas, el instructor de la Audiencia Nacional reconstruye lo que describe como una red estable y jerarquizada de influencias ilegales. Según el magistrado, Zapatero habría puesto su red de contactos y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables, siendo la principal beneficiaria la aerolínea Plus Ultra.

El auto identifica distintos niveles funcionales dentro de la presunta estructura. En un segundo escalón jerárquico figurarían Manuel Aaron Fajardo García y Julio Martínez Martínez, quienes habrían actuado como intermediarios directos con los clientes. Por debajo de ellos, la secretaria de la oficina de Zapatero, María Gertrudis Alcázar Jiménez, y Cristóbal Cano Quiles habrían ejecutado las instrucciones en el día a día, encargándose respectivamente de la gestión administrativa de la red y del entramado societario vinculado a Martínez Martínez.

Los 53 millones de la SEPI, en el centro de la investigación

El núcleo de la investigación gira en torno a la ayuda de 53 millones de euros que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) concedió a Plus Ultra en el marco del Fondo de Apoyo a la Solvencia, creado durante la pandemia para sostener empresas estratégicas en dificultades.

Según el juez, los directivos de la aerolínea habrían articulado dos vías paralelas de presión para conseguir esa inyección de fondos públicos: una a través del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y otra a través del entorno de Zapatero. Aunque ambas habrían operado simultáneamente, fue esta segunda la que acabó adquiriendo un papel determinante y la que, a juicio del magistrado, permitió a Plus Ultra alcanzar sus objetivos.

La resolución judicial subraya que la influencia ejercida no fue difusa ni genérica, sino que estuvo orientada a obtener una resolución administrativa concreta: la aprobación y el desembolso de la ayuda. Como prueba de ello, el auto señala que dos de los investigados celebraron en mensajes privados la concesión del rescate a Plus Ultra en febrero de 2021, semanas antes de que el Consejo Gestor lo aprobara formalmente el 9 de marzo de ese año, lo que evidenciaría acceso anticipado a información privilegiada.

Sociedades instrumentales y flujos de dinero hacia el entorno de Zapatero

El auto detalla una compleja red de sociedades utilizadas, según el instructor, para disfrazar los pagos y dificultar el rastreo del dinero. Entre ellas figuran Caletón Consultores, Summer Wind, Idella Consulenza Strategica y Análisis Relevante. Los contratos de asesoría y consultoría suscritos entre estas empresas habrían servido, a juicio del juez, como mera justificación documental para encubrir transferencias vinculadas a la actividad de influencia.

En cuanto a los beneficiarios finales, la resolución señala que Análisis Relevante habría transferido cerca de 490.000 euros directamente a Zapatero y otros 239.000 euros a Whathefav SL, empresa administrada por sus hijas. Gate Center, por su parte, habría enviado otros 352.000 euros al expresidente y más de 171.000 a la misma sociedad. A esas cifras se suman más de 681.000 euros procedentes de sociedades vinculadas al grupo Thinking Heads.

La estructura investigada se extiende también al ámbito internacional. Según el juez, siguiendo instrucciones de Zapatero se habría constituido una sociedad en Dubái —identificada como Landside Dubai Fzco o Landside Middle East Fzco—, íntegramente participada por Idella Consulenza Strategica y dotada de un plan de negocio de tres millones de dólares en cinco años. La proximidad temporal entre la constitución de esa sociedad y la firma de un contrato por el que Idella debía cobrar el 1% del rescate público —unos 530.000 euros— refuerza, según Calama, la hipótesis de que se creó para recibir fondos fuera de España y dificultar su trazabilidad.

Una segunda línea de influencia: Venezuela

Más allá de la ayuda española, la investigación revela una segunda línea de actuación dirigida a intervenir ante el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela para garantizar las autorizaciones de vuelo de Plus Ultra. El juez considera que esta vertiente presenta por sí sola los elementos propios del delito de tráfico de influencias, al tratarse de gestiones reiteradas realizadas aprovechando la posición de influencia de Julio Martínez Martínez sobre el responsable de ese organismo. A efectos penales, Calama entiende que ambas líneas constituyen un único delito al compartir sujetos activos, patrón típico y finalidad económica.

Tráfico de influencias y posible blanqueo de capitales

El magistrado califica los hechos investigados, con la provisionalidad propia de esta fase del procedimiento, como un presunto delito de tráfico de influencias recogido en los artículos 428 a 430 del Código Penal, que sanciona a quien, prevaliéndose de sus relaciones personales o jerárquicas, influye sobre funcionarios o autoridades para obtener resoluciones que generen beneficios económicos.

Además, el auto aprecia indicios de un posible delito de blanqueo de capitales. El patrón de actuación descrito —creación de sociedades instrumentales en jurisdicciones de baja transparencia, uso de estructuras fiduciarias para ocultar la titularidad real de los fondos y canalización de dinero a través de cuentas en el extranjero— encajaría, según Calama, en las modalidades tipificadas por la jurisprudencia del Tribunal Supremo para este delito, recogido en el artículo 301 del Código Penal.

El juez autoriza el registro de la oficina, pero rechaza el del domicilio

La resolución judicial autoriza el registro de la oficina que Zapatero mantiene como expresidente del Gobierno, así como de otras tres mercantiles vinculadas a la investigación. Sin embargo, el instructor rechaza la petición de la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de registrar también su domicilio particular.

Para justificar esta decisión, el magistrado aplica el triple juicio de proporcionalidad que exige la doctrina constitucional y concluye que no existen indicios suficientes para prever que en la vivienda pudieran encontrarse pruebas relevantes. Argumenta que la amplia repercusión mediática del caso hace razonablemente presumible que cualquier elemento incriminatorio hubiera sido ya retirado o destruido, lo que resta justificación a una medida tan intrusiva. Señala, además, que el registro de la oficina constituye una alternativa menos gravosa e igualmente eficaz para los fines de la investigación.

Zapatero deberá comparecer ante el juez Calama el próximo 2 de junio a las 9 de la mañana. Su declaración como investigado marcará uno de los momentos de mayor relevancia judicial de este procedimiento, que el instructor asumió en marzo de este año tras recibir la inhibición del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid.