Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ejecutaron este martes por la mañana sendos registros simultáneos en el despacho profesional del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, ubicado en la calle Ferraz de Madrid, y en la sede empresarial de sus hijas, situada en la calle San Germán de la misma ciudad. La operación, ordenada por el magistrado José Luis Calama del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, se produce en el contexto de una investigación que tiene al exmandatario socialista en el punto de mira por presuntos delitos de blanqueo de capitales, tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y falsedad documental.

Un caso sin precedentes en la democracia española

La imputación formal de Zapatero supone un hito sin parangón en la historia reciente de España: ningún expresidente del Gobierno había sido investigado penalmente por delitos de corrupción desde la restauración de la democracia. El caso, que permanece bajo secreto de sumario, obliga al exjefe del Ejecutivo a personarse ante el juez instructor el próximo 2 de junio en calidad de investigado.

La causa tiene su origen en la polémica operación de rescate de la aerolínea venezolana Plus Ultra, que recibió ayudas públicas por valor de 53 millones de euros durante la pandemia, una decisión que desde el principio suscitó graves interrogantes sobre los criterios utilizados para conceder ese auxilio a una compañía de escasa relevancia operativa.

Una trama de comisiones, sociedades pantalla y fondos venezolanos

Según los indicios que manejan los investigadores, el esquema delictivo habría consistido en el cobro de comisiones ilegales a cambio de interceder ante distintas administraciones públicas para obtener contratos y subvenciones en favor de determinadas empresas. Para dar apariencia de legalidad a ese dinero, la red habría recurrido a contratos ficticios, entramados de sociedades instrumentales y personas interpuestas que actuaban como testaferros.

En el centro de la estructura identificada por la UDEF aparece el empresario Julio Martínez Martínez, detenido el pasado mes de diciembre. Los fondos investigados habrían tenido un doble origen: empresas privadas que buscaban influencia política en España y capitales procedentes del saqueo de la petrolera estatal venezolana PDVSA.

«El tinglado se desmorona y los capos de la trama empiezan a caer», según fuentes del Partido Popular, que han exigido explicaciones urgentes al Gobierno.

Terremoto político en ambos extremos del espectro

El impacto político de los registros y la imputación fue inmediato. Desde el Partido Popular, el portavoz parlamentario Miguel Tellado se apresuró a reclamar cuentas a la Moncloa, dando a entender que la trama investigada afecta de forma directa a las más altas esferas del poder socialista.

En el seno del PSOE, la conmoción también fue notable. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, fue uno de los primeros dirigentes socialistas en pronunciarse públicamente, reconociendo haber recibido la noticia con estupor y calificando el giro judicial de extraordinaria gravedad. A pesar de ello, manifestó su confianza en que Zapatero pueda acreditar su inocencia con el fin de preservar la integridad de la formación política.

La causa, bajo estricto secreto de sumario

La investigación sigue bajo un hermetismo judicial que impide conocer el detalle de las diligencias practicadas y los elementos probatorios recabados hasta el momento. El secreto de sumario, decretado por el magistrado Calama, protege la integridad de las pesquisas en una fase crucial que culminará, de momento, con la declaración del expresidente ante el juzgado el próximo mes de junio. Lo que hasta ahora era una causa que giraba en torno a intermediarios y empresarios ha dado un giro radical al situar por primera vez en el centro de un proceso penal por corrupción a quien fuera presidente del Gobierno de España entre 2004 y 2011.