Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han llevado a cabo este jueves una serie de intervenciones policiales que han incluido el registro de las sedes del grupo industrial Tubos Reunidos, ubicadas en las localidades de Bilbao y Amurrio, así como un requerimiento formal de documentación en las oficinas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en Madrid. Este despliegue forma parte de una pieza declarada secreta por el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, quien instruye el caso sobre la presunta red de influencias orquestada en torno a Leire Díez y al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

El foco en el rescate de 112,8 millones

El eje central de estas nuevas pesquisas es el rescate de 112,8 millones de euros que la SEPI inyectó en Tubos Reunidos para ayudar a la compañía a superar una grave crisis industrial. Las autoridades sospechan que la aprobación de estos fondos públicos no fue un proceso estrictamente técnico, sino que pudo estar favorecido por las presiones de un grupo de influencia asociado a la trama.

En los documentos del sumario, la UCO identifica a un núcleo de acción denominado ‘Hirurok’ (‘nosotros tres’ en euskera), que presuntamente estaría integrado por la propia Leire Díez, el empresario Antxon Alonso y el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández. Los investigadores creen que este grupo intervino de manera decisiva para desatascar la ayuda gubernamental cuando su tramitación atravesaba dificultades. Por dichas labores de intermediación, habrían percibido 114.950 euros a través de una empresa instrumental llamada Mediaciones Martínez.

Para lograr el éxito de la operación, los implicados habrían propuesto recurrir a Santos Cerdán para que impulsara el expediente, además de contactar presuntamente con un miembro del Partido Nacionalista Vasco para facilitar que el rescate llegara a buen término.

Maniobras posteriores y la cumbre en Ferraz

La actuación de la red no habría terminado con la concesión del préstamo estatal. La Guardia Civil sostiene que entre 2024 y 2025 se puso en marcha una segunda fase de operaciones destinadas a mejorar las condiciones financieras de Tubos Reunidos, buscando específicamente aplazar la amortización parcial de los intereses de la deuda contraída con la Administración.

Para coordinar estos movimientos, se produjo una reunión clave el 13 de noviembre de 2024 en el despacho que Santos Cerdán mantenía en la sede federal del PSOE, en la madrileña calle de Ferraz. A dicho encuentro asistieron el propio Cerdán, Leire Díez y dos directivos de la compañía siderúrgica. La cita quedó inmortalizada con la anotación “Reunión Tubos Reunidos” en una libreta azul que fue incautada a Díez.

A raíz de estas gestiones para reestructurar los pagos, la UCO señala que el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, habría facturado 40.000 euros a la empresa vasca. Sobre Fernández recaen, además, sospechas de haber actuado como líder de facto del organismo público durante un periodo de transición en el que aún no había sido nombrado un nuevo presidente, asistiendo a reuniones oficiales, tomando decisiones y accediendo a información privilegiada.

Concurso de acreedores y rastro del dinero

Todo este entramado adquiere mayor relevancia debido a la crítica situación empresarial que atraviesa Tubos Reunidos. Actualmente, la firma se halla inmersa en un procedimiento concursal, lastrada por severos problemas de liquidez y una carga financiera inasumible.

A través de los registros y las peticiones de información ejecutadas este jueves, los agentes persiguen incautar correos electrónicos, informes internos y contratos que permitan trazar el recorrido del dinero. El objetivo último de la Audiencia Nacional es aclarar si los posteriores movimientos patrimoniales de la compañía respondieron a una lógica puramente mercantil o si, bajo la cobertura del rescate, se ocultaron maniobras para desviar recursos hacia la estructura económica de la red investigada.