Las recientes revelaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han sacado a la luz los primeros indicios de conexión directa entre la red presuntamente encabezada por Leire Díez y Santos Cerdán, y las más altas esferas del Estado. Los documentos recabados por los investigadores sugieren que los tentáculos de este grupo alcanzaron a la Fiscalía General del Estado, al Ministerio del Interior y al propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Maniobras para neutralizar investigaciones policiales

De acuerdo con el avance de las pesquisas, la red no se limitaba a operar al margen de las instituciones, sino que buscaba instrumentalizarlas para frenar causas judiciales. El sumario refleja que la trama llegó a proponer acuerdos con el Ministerio Público a personas que se encontraban investigadas. Paralelamente, trataron de presionar a los agentes de la UCO encargados de investigar las causas de corrupción que amenazaban al presidente, al que los implicados se referían en clave bajo el sobrenombre de “el one”.

En estas presuntas operaciones de bloqueo y desvío habrían participado figuras con altas responsabilidades públicas. Entre ellas, la investigación señala al ex fiscal general del Estado, recientemente inhabilitado por el Tribunal Supremo, y al Director Adjunto Operativo (DAO) del Instituto Armado, Manuel Llamas.

Indicios sobre el conocimiento en Moncloa

Uno de los puntos más sensibles de los informes policiales es la conclusión de la Guardia Civil de que Pedro Sánchez no solo era el beneficiario último de las maniobras para obstaculizar a la Justicia, sino que estaba al corriente de las mismas. Esta deducción se sustenta en las comunicaciones telemáticas intervenidas a la supuesta cabecilla de la trama.

En un intercambio de mensajes, el que fuera primer abogado del ‘caso Koldo’, Ismael Oliver, exigió a Díez una reacción inmediata: “Dile al presidente y a tu jefe que espabilen de una puta vez o les van a joder la vida”. Para los investigadores, la naturalidad con la que se alude al “presidente” evidenciaría que este conocía las gestiones de protección que desarrollaba la investigada.

En otra conversación interceptada, esta vez con el expresidente de la SEPI Vicente Fernández —también imputado en una causa de amaños de contratos dirigida por el juez Santiago Pedraz—, Díez presumió de una inminente y crucial reunión en la Fiscalía. Cuando Fernández le preguntó si se vería con el presidente, ella respondió que no, pero aseguró que dicha gestión en el Ministerio Público lograría que el presidente la “adorase”, dejando clara la finalidad política de sus movimientos.

Presiones internas en el seno de la Guardia Civil

El alcance de la trama dentro de las fuerzas de seguridad estatales constituye otra de las ramificaciones clave de la investigación. Los informes de la UCO exponen que existió un intento deliberado de paralizar sus trabajos desde la propia cadena de mando de la Guardia Civil.

Según ha declarado un mando de la Policía Judicial, el DAO Manuel Llamas llegó a exigir a los investigadores de la UCO que se pusieran “de perfil” ante cualquier pesquisa que conllevara “afectación política”, abriendo incluso expedientes o investigaciones paralelas para coaccionar a los agentes.

A este complejo escenario se suma el papel de la actual directora general de la Guardia Civil, la exdiputada Mercedes González. Los investigadores han podido constatar que González mantuvo al menos tres encuentros con Leire Díez precisamente durante el periodo de mayor actividad e influencia de esta red de favores y presiones.