El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se enfrenta a un momento judicial decisivo tras ser llamado a declarar en calidad de investigado ante el magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama. Ante esta comparecencia, las organizaciones personadas como acusación popular —Vox, Hazte Oír e Iustitia Europa— han solicitado formalmente al Partido Popular que demande el ingreso en prisión provisional del exlíder socialista, argumentando que existe un evidente riesgo de fuga.
El papel central del Partido Popular en la vista de medidas cautelares
La responsabilidad de solicitar estas medidas ha recaído sobre el Partido Popular por decisión directa del juez instructor. El magistrado Calama ha otorgado al PP la dirección letrada de todas las acusaciones populares en este proceso, limitando el acceso a la sala de vistas y permitiendo que únicamente los representantes de la formación conservadora estén presentes durante el interrogatorio. Debido a esta restricción, el Partido Popular ha tenido que consultar previamente con las demás organizaciones su postura respecto a la vista de medidas cautelares que esperan que tenga lugar inmediatamente después de la declaración del expresidente.
El fantasma del “riesgo de fuga”
Las entidades acusadoras justifican la petición de prisión preventiva en la necesidad de asegurar la presencia del investigado durante todo el procedimiento. En los momentos previos a la comparecencia, Luis María Pardo, presidente de Iustitia Europa, atendió a los medios de comunicación y fue tajante al afirmar que España “no se puede volver a permitir tener un fugado más”. Con estas declaraciones, Pardo trazó un paralelismo explícito con la huida del expresidente catalán Carles Puigdemont para sostener la urgencia de aplicar esta medida restrictiva.
Asimismo, Pardo destacó la trascendencia de la jornada, calificándola de momento “histórico” al ser la primera vez que un antiguo presidente del Gobierno de España se sienta a declarar como imputado en una causa penal vinculada a presunta corrupción.
Las claves del caso: el rescate a Plus Ultra y el hallazgo de las joyas
El procedimiento judicial que dirige el juez Calama investiga la existencia de una supuesta red dedicada al tráfico de influencias, de la cual el expresidente socialista sería presuntamente el líder. El eje central de estas pesquisas gira en torno a la ayuda estatal de 53 millones de euros que el Gobierno concedió para rescatar a la aerolínea Plus Ultra durante los peores momentos de la crisis económica derivada de la pandemia. Las acusaciones exigen que se aclare, de manera sustancial, el papel del exmandatario en este rescate financiero.
Sin embargo, las imputaciones van más allá de los despachos gubernamentales. La causa judicial también abarca la posible comisión de delitos fiscales y de contrabando. Estas líneas de investigación se abrieron después de que los agentes de la Policía Nacional descubrieran una caja fuerte en el despacho de Zapatero que albergaba joyas con un valor de tasación de 1,3 millones de euros. El investigado deberá proporcionar explicaciones convincentes a la justicia sobre el origen y la lícita procedencia de estos artículos de lujo intervenidos.