El proceso judicial que evalúa las presuntas irregularidades en la contratación de David Sánchez por parte de la Diputación de Badajoz en el año 2017 ha dado un giro este lunes durante el trámite de cuestiones previas. La Audiencia Provincial encargada del caso ha dictaminado la extinción de la responsabilidad penal por el delito de aceptación de nombramiento ilegal que pesaba sobre el hermano del presidente del Gobierno. Al considerar que el ilícito ha superado los plazos legales, el tribunal ha decretado su prescripción, por lo que finalmente no será enjuiciado por este cargo en concreto.

El sobreseimiento del nombramiento ilegal

Durante la reanudación de la vista oral, cuyo objetivo inicial era resolver las peticiones formuladas por las defensas el pasado jueves, el presidente del tribunal, el magistrado José Antonio Patrocinio, oficializó la retirada de la acusación contra David Sánchez.

El magistrado detalló que el delito de aceptación de nombramiento ilegal lleva aparejada una pena de carácter leve. No obstante, aclaró que incluso si se llegara a contemplar bajo un prisma de menor gravedad, los tiempos legales de vigencia habrían expirado igualmente, lo que obliga por ley a excluir este apartado del actual escrutinio judicial.

Irregularidades procesales eximen a Miguel Ángel Gallardo

Las decisiones de la sala también han tenido un impacto directo sobre la figura de Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz. El tribunal ha acordado que tampoco sea juzgado por otra de las ramificaciones del caso: la polémica contratación del exasesor del complejo de La Moncloa y allegado de David Sánchez, Luis Carrero.

En este sentido, los magistrados han dado la razón a la representación legal de Gallardo al considerar que mantener esta imputación constituía una “acusación sorpresiva”. El presidente de la sala justificó la decisión argumentando severas deficiencias garantistas durante la fase de investigación previa. Según lo expuesto, el antiguo máximo responsable de la institución provincial nunca fue informado de estos delitos específicos ni llegó a prestar declaración como investigado sobre este asunto durante la instrucción. Asimismo, el tribunal subrayó que dichos actos punibles tampoco estaban descritos en el auto que daba paso al procedimiento abreviado, motivo por el cual se ordenó la expulsión de este análisis del ámbito de enjuiciamiento.

El curso del juicio continúa

A pesar de estas significativas eximentes parciales, el juicio contra los encausados no se detiene. La sala ha confirmado la admisión de todas las pruebas documentales presentadas por las diferentes partes, aclarando que la valoración definitiva de dicho material se llevará a cabo durante la redacción de la sentencia final.

Paralelamente, el tribunal ha desestimado el resto de las cuestiones previas planteadas por las defensas, reservándose los motivos técnicos y jurídicos de este rechazo para el momento en el que se dicte el fallo. Tras superar esta fase procesal inicial, el juicio ha retomado su curso habitual en la Audiencia Provincial con el comienzo de las declaraciones testificales.