El más alto tribunal español ha emitido este lunes su sentencia sobre el escándalo de corrupción que sacudió los cimientos del Ministerio de Transportes durante los peores momentos de la pandemia. Los magistrados de la Sala de lo Penal han impuesto una dura condena de 24 años de cárcel a José Luis Ábalos, ex secretario de Organización del Partido Socialista, al considerarlo culpable de lucrarse mediante la adjudicación irregular de material sanitario. Su mano derecha, Koldo García, afrontará una pena de 19 años entre rejas. Ambos expolíticos se encuentran en situación de prisión preventiva desde el pasado 27 de noviembre.

Una red criminal enquistada en el Ministerio

El fallo del Supremo, consensuado por unanimidad tras un juicio que arrancó a principios de abril, ratifica plenamente las peticiones del Ministerio Público y establece que los implicados estructuraron una organización criminal jerarquizada con un claro reparto de funciones. Entre los siete delitos imputados a la cúpula de esta trama se encuentran el cohecho continuado, la malversación de fondos públicos, el tráfico de influencias, la falsedad documental y la prevaricación.

Además de la extensa pena de prisión, el tribunal ha impuesto a Ábalos una sanción económica que asciende a los 3,7 millones de euros por haberse aprovechado de información privilegiada.

El enriquecimiento ilícito: comisiones, inmuebles y sueldos públicos

La investigación judicial ha logrado acreditar el desvío sistemático de fondos públicos. La trama facilitó que una sociedad mercantil sin experiencia previa en el sector, Soluciones de Gestión, lograra adjudicaciones millonarias de entidades dependientes de Transportes —como Puertos del Estado y Adif—, así como de los gobiernos autonómicos de Baleares y Canarias y del Ministerio del Interior. Esta empresa experimentó un incremento de facturación sin precedentes, alcanzando los 53,1 millones de euros en el año 2020 tras haber permanecido inactiva en los ejercicios anteriores.

A cambio de facilitar estos contratos de emergencia desde su posición de poder, la sentencia da por probado que el exministro percibía una cuota mensual de 10.000 euros para sus gastos fijos, financiados por el empresario Víctor de Aldama. Los sobornos también se materializaron en especie: el entramado sufragó con más de 80.000 euros a lo largo de tres años el pago del alquiler en Madrid de Jésica Rodríguez, pareja de Ábalos en aquel momento.

Asimismo, la red propició la contratación de Rodríguez y de otra conocida del político en entidades públicas como Ineco, Tragsatec y Logirail, donde percibieron retribuciones de hasta 44.000 euros por funciones que nunca llegaron a desempeñar. Los privilegios financiados por la trama también se extendían al disfrute de exclusivas residencias vacacionales en Marbella y La Alcaidesa, además de un intento de compra de un piso de lujo en la capital que finalmente no se llegó a concretar.

El papel del comisionista arrepentido

Una de las claves de esta histórica resolución es la figura de Víctor de Aldama. Aunque ha sido sentenciado a cuatro años y medio de cárcel, los magistrados han decidido suspender la ejecución de su condena. Esta medida, sujeta a la estricta condición de no delinquir, presentar informes semestrales y realizar trabajos comunitarios durante un año, responde a su activa contribución para el descubrimiento y esclarecimiento de los delitos.

Durante las vistas orales, la declaración de Aldama generó fuertes sacudidas políticas. El comisionista llegó a señalar directamente al presidente del Gobierno como el principal líder de la trama, una acusación que el fiscal jefe de Anticorrupción enmarcó públicamente como “un desahogo” sin mayor recorrido legal. Más allá del caso sanitario, Aldama también vertió insinuaciones sobre la presunta financiación irregular de su formación política mediante constructoras y operaciones en Venezuela, e intentó salpicar a la esposa del presidente sugiriendo su intermediación en operaciones inmobiliarias de la SEPI.

Adjudicaciones exprés frente a alternativas más económicas

El relato de los hechos confirmados por el tribunal revela un mecanismo de actuación gubernamental basado en la urgencia y la opacidad, amparado en la flexibilización de controles que propició el estado de alarma.

Los informes de la Guardia Civil demuestran que la selección de la empresa proveedora se fraguó incluso antes de que existieran publicaciones oficiales sobre las necesidades de suministro. Un episodio especialmente revelador detalla cómo Ábalos duplicó un encargo de compra —pasando de cuatro a ocho millones de mascarillas para Puertos del Estado— en apenas 38 minutos, justo después de que la empresa aragonesa amenazara a su asesor, Koldo García, con retirar toda la oferta si no se aceptaban sus nuevas condiciones.

De manera simultánea, el Ministerio descartó una propuesta alternativa procedente de China que garantizaba el material sanitario en un plazo más breve y a la mitad de precio, desoyendo las alertas y resistencias del entonces presidente de Puertos del Estado.

Con este dictamen se cierra la principal vía penal contra la antigua cúpula de Transportes, consolidando el primer gran castigo judicial por la especulación con dinero público durante una de las mayores crisis sanitarias de la historia reciente.