El escándalo institucional conocido como el ‘caso DAO’ ha dado el salto de los juzgados a la calle. Este lunes, alrededor de un centenar de agentes de la Policía Nacional se concentraron frente a la sede del Ministerio del Interior, convocados por Jupol, uno de los sindicatos mayoritarios del Cuerpo. El objetivo de la movilización fue directo: exigir la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del director general de la Policía, Francisco Pardo.

La protesta responde a la crisis desatada tras la renuncia del comisario José Ángel González, ex Director Adjunto Operativo (DAO) y máximo mando uniformado de la Policía. Actualmente, el Juzgado de la Mujer número 8 de Madrid investiga al ex alto cargo por presuntos delitos de agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos, a raíz de la querella interpuesta por una inspectora subordinada.

El fallo de los protocolos internos

Para los representantes sindicales, el caso evidencia una “quiebra evidente” en los mecanismos internos de protección del cuerpo. La gravedad de la situación radica en que la víctima no acudió a los canales de denuncia de la propia Policía, sino que presentó su querella directamente ante los juzgados.

Según denuncian, la inspectora tomó esta decisión ante las presiones y amenazas que estaba recibiendo por parte del presunto agresor y de su asesor, el comisario Óscar San Juan, quien también ha sido apartado de su puesto por su supuesta implicación en el encubrimiento. Al evitarse la vía interna, el protocolo policial de violencia de género nunca llegó a activarse, lo que impidió la detención inmediata del comisario González.

La desconfianza en la institución ha llegado al punto de que la víctima ha solicitado que todas las pruebas aportadas al juzgado —entre las que se incluyen 40 minutos de grabación, registros de llamadas y diversos mensajes— sean verificadas por la Guardia Civil en lugar de por sus propios compañeros.

Según detalla la querella, el ex DAO se habría valido de recursos públicos para lograr que la víctima acudiera a su vivienda oficial, lugar donde presuntamente ocurrieron los hechos, y para coaccionarla a posteriori con el fin de evitar que interpusiera la denuncia.

Reacciones políticas y el estado de la víctima

La protesta frente a Interior contó con la presencia de la diputada del Partido Popular (PP), Ana Vázquez, quien calificó esta crisis como “el golpe más duro que ha sufrido la Policía Nacional en toda su existencia”. Vázquez exigió una investigación interna rigurosa y criticó la inacción del departamento de Grande-Marlaska por permitir la renuncia de González en lugar de abrirle un expediente disciplinario y cesarlo de inmediato. “Se va con dos medallas rojas y cobrando un 20% más de pensión”, denunció la diputada. Además, trascendió que el Ministerio había postergado en el cargo al ex DAO utilizando como excusa un decreto de ayudas para la DANA.

Mientras tanto, la situación personal de la víctima es delicada. Dos días después de que estallara el caso, la nueva DAO en funciones, Gemma Barroso, le ofreció protección policial, la cual fue aceptada. Sin embargo, ese mismo día se filtró su identidad a varios grupos policiales.

A través de su abogado, la inspectora ha declarado sentirse “hundida” y “abatida” por la oleada de ataques procedentes del entorno de González. Asimismo, ha reprochado las recientes palabras del ministro Grande-Marlaska, lamentando que, en medio de su sufrimiento, se pretenda poner sobre sus hombros la decisión del futuro político del titular de Interior.