MADRID. — El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha realizado un movimiento estratégico en uno de los organismos más sensibles del sector. El departamento dirigido por Óscar Puente ha apartado de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) a Avelino Castro López, quien hasta ahora ejercía como vocal en el ente encargado de esclarecer las causas de los siniestros en la red ferroviaria.

La salida de Castro López, que no ha sido comunicada de manera oficial a través de los canales habituales, se produce en un momento de máxima tensión para el Ministerio, que se encuentra bajo el escrutinio público por la investigación en curso sobre el reciente accidente ferroviario de Adamuz.

Un perfil cuestionado por su vinculación política

La figura de Avelino Castro López había generado controversia desde su nombramiento debido a su trayectoria profesional, estrechamente ligada a núcleos de poder político más que a la ingeniería ferroviaria. Castro López desembarcó en la CIAF tras su paso por la cúpula de la empresa pública Correos, donde ejerció como alto cargo bajo la presidencia de Juan Manuel Serrano.

Serrano, conocido por ser una persona de la máxima confianza del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez —y su antiguo jefe de gabinete en el PSOE—, dirigió la compañía postal en una etapa que fue objeto de críticas por su gestión económica. La conexión de Castro López con el entorno de Serrano había levantado suspicacias sobre la idoneidad técnica de su perfil para un organismo que requiere una estricta independencia y especialización técnica.

Silencio administrativo en plena crisis

Lo llamativo del cese no es solo el perfil del destituido, sino el “silencio” con el que se ha ejecutado. Según fuentes conocedoras de la situación, no consta que se haya designado aún a un sustituto para ocupar la vacante. Esto abre una serie de interrogantes sobre si la salida responde a una dimisión voluntaria, un relevo forzado por el Ministerio o una maniobra preventiva ante la creciente presión política y social que exige explicaciones sobre la seguridad ferroviaria.

Este vacío en la CIAF resulta especialmente delicado dado el contexto actual. El organismo, diseñado en 2007, debe mantener una autonomía funcional para investigar accidentes como el de Adamuz sin interferencias del Ministerio, una independencia que ha sido cuestionada recurrentemente por asociaciones de víctimas y organismos europeos debido a la vinculación orgánica de sus miembros con el Gobierno de turno.

Con este movimiento, Transportes parece intentar reorganizar el tablero en medio de la tormenta mediática, aunque la falta de explicaciones oficiales mantiene las dudas sobre la hoja de ruta del ministro Puente para garantizar la transparencia en las investigaciones ferroviarias.