La investigación sobre la seguridad en la línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla ha dado un giro técnico decisivo. Según ha podido saber este medio, Adif contradijo su propia normativa interna de seguridad durante la redacción y ejecución de los contratos para la renovación de la vía en el tramo de Adamuz (Córdoba). Los pliegos de licitación permitieron técnicas de soldadura que la propia normativa del gestor ferroviario restringe o prohíbe para ese tipo de intervenciones, poniendo en entredicho los estándares de calidad aplicados en una infraestructura crítica.
El foco de la controversia se sitúa en la discrepancia entre la Norma de Adif Vía (NAV) 3-3-2.1, que regula de manera estricta la ejecución de la “Soldadura Aluminotérmica de Carriles”, y las condiciones que finalmente se aprobaron para la obra. Mientras que la normativa general de Adif prioriza la soldadura eléctrica (a tope por chispazo) por su mayor fiabilidad y homogeneidad, reservando la aluminotérmica para reparaciones puntuales o cierres de vía imposibles de tratar con maquinaria pesada, en el tramo de Adamuz se habría generalizado el uso de esta última técnica bajo criterios que no se ajustan al protocolo de seguridad vigente.
Un “traje a medida” en los pliegos
Fuentes cercanas a la investigación apuntan a que los pliegos del contrato actuaron como una especie de “salvoconducto” para eludir los rigores de la NAV. La normativa técnica de Adif es clara respecto a la trazabilidad y los ensayos de calidad que deben superar las uniones de los raíles para soportar las tensiones de la Alta Velocidad. Sin embargo, la documentación recabada sugiere que en Adamuz se relajaron estos requisitos, permitiendo una ejecución más rápida y económica, pero con menores garantías técnicas.
Esta anomalía ha levantado las sospechas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que trata de esclarecer si esta decisión respondió a una negligencia técnica, a presiones por los plazos de entrega o a una posible trama de corrupción para abaratar costes en favor de la adjudicataria. La clave reside en determinar quién autorizó técnicamente que los pliegos contradijeran la norma marco de la entidad pública.
Fallos en la trazabilidad y homologación
Además del método empleado, la investigación ha detectado agujeros en el control de calidad. La normativa exige que cada soldadura esté perfectamente identificada: quién la hizo, cuándo, con qué lote de material y bajo qué parámetros climáticos. En la obra de Adamuz, esta trazabilidad brilla por su ausencia en numerosos tramos.
Los informes preliminares indican que, al amparo de esos pliegos contradictorios, se pudo haber operado con kits de soldadura o procedimientos que no contaban con la homologación específica para las condiciones de tráfico mixto y alta velocidad que soporta esa línea. Esto habría convertido el tramo en un “punto negro” de fatiga de materiales, invisible a simple vista pero detectable si se hubieran aplicado los ultrasonidos y las pruebas de carga que la NAV 3-3-2.1 recomienda y que, en este caso, se aplicaron de forma laxa.
Este hallazgo pone en una situación delicada a la cúpula técnica que validó la obra y abre un nuevo frente judicial para Adif, que deberá explicar ante el juez por qué sus “leyes internas” de seguridad son papel mojado en sus propias obras.