Sevilla / Granada – La Fiscalía Superior de Andalucía ha decretado este martes el archivo de las diligencias de investigación penal que mantenía abiertas en relación con la gestión del programa de detección precoz del cáncer de mama en la comunidad autónoma. El Ministerio Público ha determinado que los hechos denunciados por las formaciones de la oposición (PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía) no revisten carácter delictivo, cerrando así la vía penal contra los responsables del Servicio Andaluz de Salud (SAS).
La decisión de la Fiscalía se produce tras analizar la documentación aportada en las denuncias, las cuales alertaban de un presunto “caos” en el sistema de cribado, señalando específicamente retrasos significativos y la existencia de miles de mamografías sin leer. Los denunciantes apuntaban a la posible comisión de delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, sugiriendo que la gestión de la Junta de Andalucía había puesto en riesgo la salud de las mujeres y desviado fondos de manera irregular.
Sin embargo, el decreto de archivo es contundente al separar la gestión política o administrativa de la responsabilidad penal. El fiscal argumenta que, si bien pueden existir discrepancias sobre la eficacia del modelo de gestión o admitirse la existencia de retrasos administrativos, estos fallos no alcanzan la gravedad necesaria para ser considerados un ilícito penal.
En su escrito, el Ministerio Público descarta la prevaricación al no encontrar resoluciones arbitrarias dictadas a sabiendas de su injusticia. Del mismo modo, rechaza la acusación de malversación, al no existir pruebas de que se haya dado un destino distinto a los fondos públicos asignados al programa de cribado ni que existiera un ánimo de lucro o perjuicio patrimonial intencionado a la administración.
La resolución subraya que las listas de espera o los problemas organizativos en la lectura de las pruebas diagnósticas, aunque son cuestiones sensibles que afectan a la ciudadanía, deben dirimirse en el ámbito contencioso-administrativo o en el debate político parlamentario, y no en los tribunales de justicia penal.
Con este archivo, la Fiscalía avala indirectamente la tesis defendida por el Gobierno andaluz, que desde el inicio de la polémica sostuvo que las acusaciones eran “infundadas” y respondían a una estrategia de desgaste político. No obstante, el cierre de la vía penal no impide que la oposición continúe exigiendo responsabilidades políticas en el Parlamento de Andalucía por la gestión de las listas de espera y los tiempos de respuesta en la detección del cáncer.