La agente de la Policía Nacional que ha denunciado por presunta agresión sexual al ex director adjunto operativo (DAO) del cuerpo, José Ángel González, ha solicitado formalmente al juez que decrete la «plena reserva» del material probatorio entregado. Esta petición incluye grabaciones de audio, un listado detallado de llamadas y capturas de pantalla de mensajes.

La solicitud ha sido canalizada a través del abogado de la agente, Jorge Piedrafita. En un escrito remitido al Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid, que es el encargado de instruir la causa, la defensa advierte de la «reprobable situación» a la que se está viendo sometida la víctima a raíz de la filtración de sus datos personales. La gravedad de estas filtraciones ha sido tal que ha precisado de la implantación de una escolta policial permanente para poder garantizar su seguridad e integridad.

Ante este escenario, la representación legal de la mujer subraya la necesidad de garantizar la salvaguarda absoluta de las pruebas. Por ello, se ha pedido que todo el material audiovisual y documental pueda ser consultado «únicamente en la misma sede judicial bajo la presencia de la Letrada de la Administración de Justicia». El objetivo de esta estricta medida es evitar nuevas filtraciones que sigan vulnerando la identidad de la denunciante.

El juzgado instructor ya había reclamado la semana pasada al abogado de la agente que aportara tanto los audios como el resto de las evidencias vinculadas al presunto delito de agresión sexual. Cumpliendo con el requerimiento judicial, se han entregado al magistrado los registros de las llamadas realizadas a la mujer por el exdirigente policial, los pantallazos de los mensajes de WhatsApp citados en la querella y las grabaciones de audio que la propia agente realizó, pidiendo su admisión oficial.

En previsión de los futuros movimientos de la defensa del ex DAO, el letrado Piedrafita ya solicitó en el momento de presentar la querella la realización de una prueba pericial informática, previendo el escenario de que la autenticidad de estas evidencias digitales acabe siendo impugnada.

Para llevar a cabo dicho peritaje, la denunciante ha pedido que el juzgado recurra a especialistas de la Guardia Civil. Se requiere que cuenten con experiencia específica en peritaje judicial para que realicen un cotejo exhaustivo, un análisis forense y la verificación tanto del contenido como de la autoría de las comunicaciones. Con este movimiento, la acusación busca garantizar la validez probatoria de los mensajes y descartar cualquier atisbo de manipulación o alteración externa.