El Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González Jiménez, se enfrenta a una grave querella por agresión sexual que saca a la luz una presunta campaña de acoso sistemático contra la víctima. Los hechos, que habrían comenzado el 23 de abril de 2025, incluyen múltiples llamadas, mensajes con descalificaciones y el uso de la superioridad jerárquica institucional para intentar frenar la denuncia judicial.

El inicio del acoso: «Estás gilipollas» o «borrica»

Según el escrito presentado en el juzgado, la misma tarde del supuesto asalto, el mando policial inició una intensa «campaña sistemática, obsesiva e intensiva de acoso telefónico». En apenas un breve intervalo, la agente denunciante recibió hasta 17 llamadas que decidió no contestar.

Ante el silencio, el DAO supuestamente recurrió a los mensajes de texto, profiriendo insultos como «estás gilipollas» o «borrica». Según la querella, el investigado intentaba invertir los papeles para presentarse como la parte perjudicada, ante lo cual la agente marcó distancia con un mensaje tajante: «Ha traspasado una línea roja».

Uso de terminales oficiales y amenazas veladas

La presión no cesó en los días posteriores. Al día siguiente, el investigado habría utilizado terminales oficiales vinculados a su despacho para sortear el bloqueo telefónico de la víctima, evidenciando, según la denuncia, una clara intención de contactar con ella a toda costa.

Semanas después, el 22 de mayo, el querellado logró hablar telefónicamente con la agente. Durante la conversación, inicialmente negó los hechos para después minimizarlos argumentando: «Antes nunca había pasado, el que me negaras el sexo». A esto se sumaron nuevas descalificaciones («Vete a la mierda. Me arrepiento de haberte conocido») e insinuaciones sobre su futuro profesional: «Ven a verme a ver qué te puedo dar».

Un presunto intento de soborno a través de un tercero

La querella también salpica al entorno directo del DAO. En el mes de julio, el comisario y asesor directo del mando, Óscar San Juan González, se habría puesto en contacto con la víctima proponiéndole que eligiera el destino laboral que deseara y se lo comunicara por WhatsApp.

Este movimiento es interpretado en el escrito judicial como un claro intento de coacción mediante una «compensación laboral» para tapar el escándalo público. La agente, que advirtió que lo sucedido tendría consecuencias, rechazó la oferta de forma rotunda: «NO CONTESTO A SU PROPOSICIÓN».

Devastadoras secuelas psicológicas y abuso de poder

El impacto en la salud de la denunciante ha sido severo. Tras intentar reincorporarse a un nuevo puesto en Madrid en julio, tuvo que abandonar su despacho comunicando que no se encontraba «en condiciones de trabajar por salud mental».

Actualmente permanece de baja, diagnosticada con un «trastorno ansiosodepresivo reactivo a agresión sexual». El parte médico detalla que sufre crisis de ansiedad, insomnio, pensamientos intrusivos sobre la agresión y un estado de alerta constante.

El documento judicial concluye que la conducta del ‘número dos’ de la Policía se basó en el aprovechamiento sistemático y deliberado de su posición de poder y de los medios públicos, generando en la víctima un profundo temor a sufrir represalias profesionales y un grave estado de vulnerabilidad psicológica.