Un informe de la consultora Freemarket Corporate Intelligence analiza la evolución de la ayuda desde 2020, señalando un fuerte aumento del gasto y alertando sobre un posible efecto de “trampa de dependencia” que desincentiva el empleo.

El gasto público destinado al Ingreso Mínimo Vital (IMV) en España ha experimentado un crecimiento exponencial desde su implantación. Según datos recogidos en un informe de la consultora Freemarket Corporate Intelligence, el Gobierno cerró el ejercicio 2024 con una partida de 3.854 millones de euros destinada a esta prestación, una cifra que multiplica por nueve los 407 millones registrados en 2020.

Este incremento incluye el Complemento de Ayuda a la Infancia. El estudio destaca que las revalorizaciones de la ayuda han superado notablemente la inflación. Como ejemplo, señala que en 2024, el IMV se revalorizó más del doble que el IPC, y para 2025, la subida prevista es más del triple.

El desincentivo al empleo, principal preocupación

El análisis de la consultora, dirigida por Lorenzo Bernaldo de Quirós, pone el foco en un problema estructural que, según afirman, genera el diseño actual del IMV: el desincentivo a la búsqueda de empleo.

El informe argumenta que la escasa diferencia entre la prestación y un salario bajo en la economía formal hace poco atractiva la incorporación al mercado laboral. Cita como ejemplo que “una familia que recibe 900 euros y consigue un trabajo por 1.100 netos apenas mejora su renta en 200 euros”.

Esta tesis es reforzada por estimaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que calcula que el diseño actual del programa reduce en al menos doce puntos la probabilidad de que los beneficiarios regresen al mercado laboral. Este efecto desincentivador, según la AIReF, superaría el 20% en colectivos como jóvenes y familias monoparentales.

De ayuda temporal a “renta de inactividad”

El IMV fue concebido como un “trampolín social” de carácter temporal. Sin embargo, los datos del informe sugieren que se ha convertido en una ayuda permanente para una gran parte de sus beneficiarios.

Según el estudio:

• El 90% de los perceptores la recibe durante más de un año.

• El 75% supera los dos años cobrando la prestación.

• El 60% la mantiene durante más de tres años.

Esta cronicidad, según el análisis, transforma la ayuda en una “renta de inactividad de larga duración”. Además, el informe estima que entre el 15% y el 20% de los perceptores podrían estar compatibilizando la ayuda con ingresos no declarados, lo que, según los analistas, fomenta indirectamente la economía sumergida.

Críticas a la falta de filtros

Otro aspecto criticado en el informe es la compatibilidad del IMV con la posesión de vivienda en propiedad. El texto advierte que el borrador inicial de la ley en 2020 contemplaba excluir casos de patrimonio “de valor excepcional”, una limitación que, según la consultora, desapareció del texto final, permitiendo que propietarios de inmuebles de alto valor puedan acceder a la prestación.

En conclusión, el informe de Freemarket sostiene que, sin una reforma profunda, el Ingreso Mínimo Vital, lejos de cumplir su objetivo de integración, actúa como un “círculo vicioso de subsidio y estancamiento” y un freno al empleo.