Miguel Ángel
Una semana marcada por la indignación y el silencio
Hace ya una semana que Sevilla amaneció con una noticia devastadora: una alumna de 14 años del colegio Irlandesas de Loreto se quitó la vida tras sufrir presunto acoso escolar.
Siete días después, el caso sigue generando conmoción, protestas y un intenso debate sobre la responsabilidad de los centros educativos y el cumplimiento de los protocolos oficiales contra el acoso.
La familia había denunciado la situación en varias ocasiones, aportando incluso un informe psicológico que advertía de la angustia que sufría la menor.
“Nos cansamos de pedir ayuda. Nadie nos escuchó”, declaró la madre de la víctima en declaraciones a El País.
La omisión del protocolo oficial
Según la investigación abierta por la Junta de Andalucía, el colegio no activó el protocolo de acoso escolar, ni el correspondiente de riesgo autolítico, pese a disponer de señales evidentes.
El caso no fue registrado en la plataforma Séneca, requisito obligatorio para que la inspección educativa intervenga.
El centro se limitó a ofrecer medidas internas, como tutorías y acompañamiento, pero sin seguir el procedimiento oficial.
Esa decisión —según fuentes de Educación— constituye un incumplimiento grave de las normas de actuación frente al acoso escolar.
La Consejería de Desarrollo Educativo ha abierto un expediente administrativo y remitirá el caso a la Fiscalía de Menores para determinar posibles responsabilidades.
Qué exige el protocolo
El protocolo andaluz contra el acoso escolar obliga a los centros educativos a:
- Investigar formalmente cualquier denuncia o sospecha.
- Registrar el caso en la plataforma oficial (Séneca).
- Comunicar las medidas a las familias implicadas.
- Separar a la víctima del agresor y ofrecer apoyo psicológico.
Nada de esto se hizo, según confirman los informes de inspección y el testimonio familiar.
Una respuesta institucional tardía
Durante esta semana, la Junta ha reiterado que “los protocolos no son opcionales” y que revisará su aplicación en todos los centros concertados.
Mientras tanto, asociaciones como NACE (No al Acoso Escolar) exigen más transparencia y control externo:
“Los colegios no pueden ser juez y parte. El protocolo debe aplicarse siempre, sin excusas.”
Un fallo institucional grave
La falta de activación del protocolo, pese a las alertas formales y la documentación médica, demuestra una negligencia administrativa y ética.
Al priorizar medidas informales sobre un procedimiento reglado, el centro incumplió su obligación de proteger a la alumna. Más allá del expediente o las sanciones, el daño humano es irreparable y refleja un fallo estructural en la cultura de prevención.
Una lección que no puede repetirse
Una semana después, el dolor sigue presente y la comunidad educativa exige respuestas.
El caso recuerda que los protocolos no son burocracia, sino mecanismos de protección que pueden marcar la diferencia entre la vida y la tragedia.
El silencio y la inacción son, en estos casos, una forma de abandono institucional.
