Madrid, 21 de octubre de 2025 – El empresario Víctor de Aldama, implicado en el conocido caso Koldo, ha declarado ante el Tribunal Supremo que el exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, habría abonado una parte del precio de un local comercial en Valencia en efectivo y sin declarar.

Según Aldama, el exministro y su entonces esposa, Carolina Perles, compraron el bajo durante la pandemia y habrían pagado una cantidad “en negro” para cerrar la operación. En su escrito, el empresario sostiene que existen movimientos bancarios y documentos que respaldan esa versión, y que fueron analizados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Los informes de la UCO señalan que en la cuenta del matrimonio se registró un ingreso de 50.000 euros en concepto de préstamo y la emisión de dos cheques por un total de 77.215 euros, vinculados a la empresa Metalúrgica de Cerrajera del Mediterráneo. El contrato de compraventa, firmado el 8 de julio de 2020, establecía un precio de 90.000 euros, aunque en el ordenador de Aldama apareció un borrador anterior, fechado el 23 de marzo del mismo año, con un importe de 110.000 euros.

Esa diferencia de 20.000 euros entre los dos documentos, según Aldama, podría corresponder a la cantidad entregada en metálico. El empresario también entregó al Supremo un correo electrónico en el que una empleada de su despacho le informaba:

“Jefe. Ahí está el contrato. He cambiado otra cosa respecto al original. Si quieres te cuento cuando lo leas.”

De acuerdo con el relato presentado, Aldama habría ayudado a modificar el contrato para ajustar el precio declarado, de modo que el documento oficial reflejara una cifra inferior a la realmente pagada. No obstante, él no figuraría como parte directa en la operación de compraventa.

Por su parte, José Luis Ábalos ha negado categóricamente haber realizado ningún pago en efectivo ni haber participado en ninguna irregularidad en la adquisición del local.

La causa se encuentra ahora en manos del Tribunal Supremo, que deberá determinar si existen indicios suficientes para abrir una investigación formal por presunto pago no declarado o falsificación documental relacionada con la operación inmobiliaria.

Fuente original: Europa Press