El juez considera que esta evidencia aporta indicios suficientes para ampliar la investigación sobre la financiación del PSOE

El magistrado del Supremo Leopoldo Puente aprecia “indicios sólidos” de que Ferraz utilizó fondos no declarados, según se desprende de un informe de la UCO centrado en el caso Koldo.

La investigación sobre el patrimonio de Koldo García Izaguirre y su relación con el exministro José Luis Ábalos ha puesto el foco directamente sobre la sede del PSOE en Ferraz. El juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha decidido ampliar las pesquisas al detectar indicios de una posible ‘caja B’ en el partido, según ha adelantado El Confidencial.

En una providencia dictada este lunes, el magistrado considera que existen fundamentos sólidos para investigar si el PSOE utilizó “dinero en metálico” sin registrar para efectuar pagos tanto a Ábalos como a su exasesor. La decisión se apoya en un contundente informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que ha detectado transferencias y movimientos de dinero sin justificación contable clara en las cuentas oficiales del partido que lidera Pedro Sánchez.

Estos pagos, que no figuran en ningún registro oficial, podrían constituir delitos graves como financiación ilegal, cohecho, malversación o apropiación indebida. Por ello, el juez ha remitido también el auto a la Fiscalía para que analice la procedencia y naturaleza de estos fondos opacos.

Fuentes judiciales señalan que, de confirmarse la existencia de esta contabilidad paralela, se habrían vulnerado gravemente la normativa electoral y los mecanismos de control de fondos. La noticia ha generado una notable preocupación en Ferraz, aunque por el momento el partido no ha emitido ninguna declaración oficial sobre las revelaciones de la Guardia Civil que el juez ha validado.

La investigación, que nació a raíz del injustificado incremento patrimonial de Koldo García, entra así en una nueva fase que podría derivar en un complejo proceso de responsabilidades. El magistrado ya ha advertido que la existencia de estos pagos en metálico debe ser esclarecida “cuanto antes” y se prevé que ordene nuevas diligencias, como inspecciones contables y la citación de testigos y responsables del partido que tuvieran conocimiento de estas operaciones.