MADRID. — La batalla judicial en torno a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha sumado este viernes un nuevo capítulo de tensión entre el juez instructor y la Fiscalía. El Ministerio Público ha decidido alinearse nuevamente con la defensa de la investigada, oponiéndose frontalmente a la última diligencia ordenada por el juez Juan Carlos Peinado: la petición a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que busque “hechos nuevos” relacionados con el rescate de la aerolínea Air Europa.

En un escrito contundente, el fiscal José Manuel San Baldomero ha solicitado que se revoque la decisión del magistrado, argumentando que solicitar a la UCO un rastreo general en sus bases de datos implica, de facto, reabrir una línea de investigación que la Audiencia Provincial de Madrid ya ordenó apartar del procedimiento por falta de indicios delictivos.

Una “investigación encubierta” y crítica a la instrucción

El fiscal no ha ahorrado críticas hacia la gestión del titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. En su informe, acusa al juez Peinado de hacer “dejación de sus funciones jurisdiccionales” al delegar en la Guardia Civil el análisis de supuestos indicios para ver si surge algún delito, en lugar de valorar los hechos por sí mismo.

Para el Ministerio Público, la maniobra del juez supone abrir la puerta a una “investigación encubierta” y “prospectiva” sobre una materia —la vinculación de Gómez con el rescate de la compañía aérea— sobre la que ya existen criterios fijados por la instancia superior para no investigar. “Se está engordando una causa ya voluminosa con materia ajena a su objeto definido”, lamenta el fiscal en su escrito, calificando la situación de “chocante”.

El origen: una denuncia sobre cuentas en el extranjero

La controversia nace a raíz de un escrito presentado por el abogado Eduardo Martín-Duarte, quien alertó al juzgado sobre la supuesta existencia de cuentas bancarias de Begoña Gómez en República Dominicana y Turquía con saldos de hasta seis millones de euros. Según este denunciante, dichos fondos no tendrían justificación aparente y podrían estar vinculados a “contraprestaciones” por el rescate de Air Europa o contratos con la empresa de Juan Carlos Barrabés.

Basándose en esta denuncia y en recientes entrevistas en medios al exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, el juez Peinado decidió reactivar las pesquisas solicitando a la UCO que informase sobre cualquier novedad en sus archivos.

Sin embargo, tanto la defensa de Begoña Gómez como la Fiscalía restan total credibilidad a estos indicios. El abogado de Gómez, Antonio Camacho, ha recordado en su recurso que la denuncia se basa en “decenas de noticias de prensa y documentos anexos absolutamente incomprensibles” que no acreditan ningún delito. Además, señala que el mismo denunciante ya intentó sin éxito abrir investigaciones con los mismos datos ante la Audiencia Nacional, la Fiscalía Anticorrupción y el Tribunal Supremo.

Choque institucional

La Fiscalía considera que carece de sentido reabrir la vía de Air Europa basándose en declaraciones mediáticas de investigados en otras causas (como el ‘caso Koldo’). Argumenta que, de existir indicios reales, correspondería a la Audiencia Nacional o al Tribunal Supremo valorarlos, y no al juez Peinado mediante una acumulación de hechos “en los que unos se supone avanzan y otros se encuentran en estudio”.

El recurso de la defensa, ahora apoyado por el fiscal, lanza también un mensaje velado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, advirtiendo que el Estado de Derecho se resiente si los órganos de control no son capaces de frenar los “intentos reiterados y denodados” de un instructor por investigar sin indicios sólidos.