Madrid – El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha emitido una resolución en la que obliga al Gobierno central a detallar qué ha ocurrido con el dinero donado por los ciudadanos para ayudar a los damnificados por la DANA de 2024. El organismo fiscalizador ha reprendido al Ministerio de Economía por no ofrecer información clara sobre la trazabilidad y el destino final de las ayudas privadas ingresadas en la cuenta habilitada por el Tesoro Público.

La resolución llega tras la reclamación de un particular que, amparándose en la Ley de Transparencia, solicitó conocer el paradero de los fondos. A pesar de que la cuenta se abrió en noviembre de 2024 con la promesa de canalizar la solidaridad ciudadana de forma “rápida y segura”, más de un año después persisten las incógnitas sobre cómo se ha gestionado ese capital.

Una respuesta administrativa insuficiente

El origen del conflicto administrativo se remonta al pasado mes de octubre de 2025, cuando se solicitó formalmente al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa información desglosada sobre la cuenta de donaciones. La petición exigía datos concretos: el importe total recaudado (desglosado por meses y tipo de donante), los expedientes de generación de crédito y, fundamentalmente, el destino final de las partidas, con detalle territorial de las zonas beneficiadas.

En lugar de ofrecer una respuesta integral, el departamento dirigido por Carlos Cuerpo ofreció una contestación parcial. Según la resolución de Transparencia, el Ministerio “desdobló” la solicitud, derivando parte de las preguntas al Ministerio de Hacienda, alegando que este último era el competente para informar sobre las cuestiones presupuestarias y los beneficios fiscales aplicables a los donantes.

Esta maniobra burocrática ha sido criticada por el CTBG, que considera que ha derivado en una información “fragmentada” que impide al ciudadano conocer la realidad completa de la gestión de los fondos.

Opacidad un año después de la catástrofe

La cuenta del Tesoro Público fue creada mediante una disposición adicional en un Real Decreto-ley a finales de 2024, en plena emergencia tras el paso de la DANA. El objetivo declarado era facilitar las aportaciones de la sociedad civil directamente al Estado, sin intermediarios, garantizando que la ayuda llegase a la reconstrucción.

Sin embargo, la falta de informes públicos de seguimiento ha generado malestar político y social. Representantes de las administraciones autonómicas afectadas, como la Comunidad Valenciana, ya habían denunciado previamente el “silencio” del Ejecutivo central respecto a este dinero, acusando al Gobierno de falta de claridad en las cifras y en la ejecución de los gastos.

La obligación de rendir cuentas

El dictamen de Transparencia es claro: el Gobierno debe recopilar y facilitar la información solicitada. Esto implica no solo revelar el saldo final de las donaciones, sino demostrar la trazabilidad del dinero, es decir, en qué proyectos, ayudas o reparaciones concretas se ha materializado la solidaridad de los contribuyentes.

La resolución supone un varapalo a la gestión comunicativa de la crisis posterior a la catástrofe, poniendo el foco en la necesidad de que las instituciones públicas mantengan los máximos estándares de fiscalización cuando gestionan recursos procedentes de la buena voluntad ciudadana.