MADRID. — La investigación en torno a Leire Díez, exmilitante socialista y antigua responsable de Filatelia en Correos, ha dado un giro significativo tras el análisis de los dispositivos incautados en su domicilio. Según fuentes cercanas a las pesquisas, el ordenador portátil confiscado por la Guardia Civil no solo contenía archivos personales, sino que servía como puerta de acceso a una “nube” digital con abundante documentación confidencial sobre figuras clave de la judicatura y la política española.

El dispositivo, ahora en manos del magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, permitía acceder a un servidor externo administrado presuntamente por el empresario Javier Pérez Dolset. En este repositorio virtual, Díez habría acumulado durante meses información sensible relativa al juez Juan Carlos Peinado, a diversos fiscales y a altos cargos tanto del Partido Popular (PP) como del PSOE.

El contenido del “archivo central”

El análisis preliminar del material apunta a que Díez custodiaba datos de alto voltaje político y judicial. Entre los archivos hallados destaca información sobre el conflicto entre el juez Peinado y el exministro venezolano Nervis Villalobos, quien acusó al magistrado de vulnerar sus derechos durante una instrucción que mantuvo sus cuentas bloqueadas durante un lustro. Díez, que en su momento alegó actuar como “periodista de investigación”, habría mantenido reuniones con protagonistas de esta trama.

Sin embargo, el alcance de los documentos va más allá. El archivo también contenía referencias al “caso Aznalcóllar”, que salpica al expresidente de la SEPI Vicente Fernández, y dossieres sobre dirigentes socialistas de primera línea como Óscar López y Antonio Hernando. Según las indagaciones, estos archivos estarían relacionados con la búsqueda de información sobre los negocios del suegro del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La propia investigada había denunciado previamente ante la Policía Nacional haber sufrido un hackeo de esta nube, alegando que ella solo tenía permisos de visualización y de carga puntual de documentos, mientras que la administración técnica recaía en Pérez Dolset.

Una investigación a dos bandas

El hallazgo plantea ahora un complejo escenario jurídico. Aunque el juez Pedraz investiga una presunta trama de corrupción ligada a la obtención de contratos públicos entre 2021 y 2023, gran parte de la información almacenada en la nube no guarda relación directa con esta causa. Por ello, es probable que la UCO deba expurgar los datos no pertinentes para el sumario de la Audiencia Nacional.

No obstante, queda la incógnita de si esta documentación podría ser requerida por el juez Arturo Zamarriego, quien instruye otra causa paralela contra Díez en los juzgados de Plaza de Castilla.

La “Operación Leire” y el rastro del dinero

La detención de Díez se precipitó, según fuentes de la investigación, por el temor a una posible fuga de Vicente Fernández. La UCO sospecha que la trama habría cobrado comisiones cercanas a los 700.000 euros por mediar entre empresas y administraciones públicas.

Los agentes rastrean ahora el destino final de esos fondos. Una de las pistas clave es un vehículo marca Skoda utilizado habitualmente por Leire Díez, pero adquirido formalmente por la empresa “Mediaciones Martínez”, una de las sociedades instrumentales bajo la lupa. Asimismo, las pesquisas han salpicado a José Vicente Berlanga, expresidente de la empresa pública Enusa y figura histórica del socialismo valenciano, suspendido de militancia tras conocerse su implicación.

Mientras los tres principales detenidos permanecen en libertad con medidas cautelares, la Guardia Civil continúa desentrañando una red que parece mezclar presunta corrupción económica con una obsesiva recopilación de información sobre el poder judicial y político del país.