Miguel Ángel
Madrid — La inquietud crece en el seno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) a medida que avanza la investigación en la Audiencia Nacional sobre una serie de pagos en metálico realizados a personas vinculadas al partido. El magistrado instructor ha decretado el secreto de las actuaciones durante un mes —una medida vigente desde el pasado 16 de diciembre—, blindando así el acceso a las diligencias hasta mediados de enero. Por el momento, únicamente la Fiscalía Anticorrupción, el juez y los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tienen acceso al contenido completo del expediente.
El foco de la causa se centra en aclarar las incógnitas que rodean a diversos movimientos económicos en efectivo efectuados durante los últimos años. La UCO trabaja actualmente en un informe determinante que recopila y analiza toda la información obtenida hasta la fecha, con el objetivo de detectar posibles irregularidades financieras o contables.
El origen: un ‘pendrive’ con siete años de registros
El punto de partida de estas nuevas pesquisas se encuentra en la propia documentación aportada por el PSOE. Tras un requerimiento judicial expreso, el partido entregó un dispositivo de almacenamiento (pendrive) que contenía datos detallados sobre pagos en metálico realizados entre los años 2017 y 2024.
Según fuentes de la investigación, en los registros figuran abonos destinados a una amplia variedad de perfiles dentro del entorno socialista: desde cargos orgánicos y empleados del partido hasta simpatizantes y voluntarios. Entre los nombres que aparecen en la lista de perceptores destaca el del actual presidente del Gobierno, quien, según la información que ha trascendido, habría reconocido el cobro de cantidades en efectivo.
La entrega de esta documentación no estuvo exenta de tensiones. La solicitud inicial del juzgado generó fricciones con la formación política, que solicitó aclaraciones sobre el alcance del requerimiento e intentó limitar la entrega de datos exclusivamente a las personas que ya estaban siendo investigadas. Sin embargo, el magistrado rechazó estas limitaciones, mantuvo su exigencia inicial y elevó el tono ante las objeciones, al considerar que la petición era clara y necesaria para la instrucción.
Indicios de blanqueo y conexión con el ‘caso Koldo’
La decisión de declarar el secreto de sumario responde, según el auto judicial, a la necesidad de proteger datos personales sensibles y evitar cualquier interferencia externa que pudiera malograr el curso de la investigación, dada la gravedad de los hechos analizados. Fuentes jurídicas apuntan a que el Ministerio Público ya ha detectado conductas con posible relevancia penal, barajándose figuras delictivas como el blanqueo de capitales.
La complejidad del caso aumenta al cruzarse con otras causas abiertas. El instructor debe examinar documentación remitida desde el Tribunal Supremo procedente de una investigación paralela vinculada al denominado ‘caso Koldo’. A finales de octubre, el magistrado Leopoldo Puente decidió trasladar parte de esa causa a la Audiencia Nacional tras detectar indicios que, aunque no estaban directamente relacionados con las comisiones por la venta de mascarillas, sí sugerían irregularidades financieras que requerían una investigación separada.
La conexión entre ambos procedimientos ha ampliado significativamente el alcance de la lupa judicial sobre las finanzas internas del PSOE. El análisis conjunto de estos indicios será determinante para los próximos pasos que tome la justicia una vez se levante el secreto de sumario el próximo mes de enero.
