Madrid — La situación judicial de Begoña Gómez se complica en el tramo final del año. La Audiencia Provincial de Madrid ha ratificado este viernes la decisión del juez instructor Juan Carlos Peinado de investigar a la esposa del presidente del Gobierno y a su asesora en el Palacio de la Moncloa, Cristina Álvarez, por un presunto delito de malversación de caudales públicos.

En un auto dictado el pasado 5 de diciembre y conocido hoy, la Sección 23 de la Audiencia ha rechazado los recursos de apelación presentados por ambas defensas. Los magistrados consideran que existen motivos suficientes para indagar si los recursos del Estado —concretamente el sueldo y las funciones de Álvarez como personal de Presidencia— se desviaron para fines privados relacionados con la actividad profesional de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

“Interés en asuntos lucrativos”

El nudo gordiano de la investigación se centra en el papel de Cristina Álvarez. La empleada pública, con un salario anual cercano a los 50.000 euros, tiene asignadas funciones de gestión de agenda y protocolo. Sin embargo, el tribunal avala la tesis de que su actividad podría haber excedido con creces estas atribuciones.

La resolución judicial emplea un tono contundente al analizar la relación entre ambas. Los magistrados señalan que la dedicación de Álvarez parece “excesiva” para una mera asistencia protocolaria, calificando su comportamiento como “más propio de una amiga interesada en los asuntos lucrativos de la ahora recurrente [Gómez], que en la fría labor de la encargada de la agenda”.

El tribunal responde así al argumento de la defensa, que justificó el intercambio de correos y gestiones bajo el paraguas de una relación de amistad y confianza que podría extenderse “24 horas al día, siete días a la semana”. Para la Sala, esta justificación no descarta la necesidad de investigar si hubo un uso indebido de fondos públicos.

Los correos electrónicos como prueba clave

La decisión de la Audiencia se sustenta en gran medida en la documentación aportada durante la fase de instrucción, especialmente los correos electrónicos entregados por el exvicerrector de la Universidad Complutense, Juan Carlos Doadrio.

Según la investigación, constan múltiples comunicaciones en las que la asesora de Moncloa no se limitaba a gestionar horarios, sino que intervenía activamente en la búsqueda de financiación y en la relación con los patrocinadores de la Cátedra de Transformación Social Competitiva, que codirigía Begoña Gómez. Álvarez habría contactado con patronos e intervenido en la recaudación de fondos, tareas que, según el juez Peinado, corresponderían a la esfera de los negocios privados de la esposa del presidente y no a la actividad institucional de la Presidencia del Gobierno.

La instrucción sigue viva

Con este auto, la Audiencia Provincial despeja el camino para que el juez Peinado continúe con las diligencias. El tribunal subraya que, aunque las investigadas calificaron los correos como hechos “puntuales” (la defensa mencionó tres correos en siete años), la documentación obrante en la causa sugiere que fueron “más que un hecho puntual”.

Los jueces concluyen que es necesario “comprobar la finalidad” de dichas comunicaciones y las gestiones que se derivaron de ellas. De este modo, confirman la imputación por malversación, que se suma a las otras líneas de investigación abiertas contra Begoña Gómez en una causa que abarca ya cinco presuntos delitos. La instrucción, recuerdan los magistrados, “sigue viva” y aún es pronto para determinar si el caso desembocará en un juicio oral o en el sobreseimiento.