Miguel Ángel
MADRID. — La investigación judicial sobre la presunta red de corrupción que operaba en el entorno de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha arrojado un nuevo e inesperado vínculo. Según ha trascendido este viernes, el considerado “contable” de la trama, Carmelo Aznárez, es también el encargado de auditar las cuentas de una Organización No Gubernamental (ONG) estrechamente relacionada con Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Este hallazgo añade una nueva capa de complejidad a un caso que ya investiga el presunto desvío de fondos y el cobro de comisiones ilegales. Aznárez, socio de la firma Conaudire, aparece ahora como una pieza transversal que conecta dos esferas hasta ahora separadas: la investigación sobre las irregularidades en los rescates de la SEPI y el entorno profesional de Gómez.
El nexo: Carmelo Aznárez y Conaudire
Carmelo Aznárez no es un nombre nuevo para los investigadores. Identificado como una figura central en la ingeniería financiera de la ‘trama SEPI’, se le atribuye la dirección de la firma utilizada presuntamente para canalizar unos 750.000 euros procedentes de comisiones ilegales. Además, las pesquisas han revelado que Aznárez habría utilizado durante seis años el nombre de un asesor fiscal ya jubilado para operar, lo que ha levantado aún más sospechas sobre sus prácticas profesionales.
Sin embargo, lo que ha encendido las alarmas es su rol actual como auditor. La firma que dirige, Conaudire, es la responsable de avalar la salud financiera y la regularidad de los gastos de una ONG con la que colabora Begoña Gómez. En sus informes, la auditoría sostiene que las cifras de gastos de la entidad “se pueden calificar como adecuadas”, dando el visto bueno a la gestión de los fondos recibidos.
Subvenciones millonarias bajo la lupa
La organización en cuestión ha sido beneficiaria de importantes inyecciones de dinero público. Según fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores consultadas, la entidad ha recibido un total de 12,7 millones de euros desde el año 2005. Desde el departamento que dirige José Manuel Albares defienden la legalidad de estas ayudas, alegando que se otorgan mediante “convocatorias basadas en la concurrencia competitiva entre distintas propuestas”.
No obstante, el foco se centra en el capítulo de subvenciones más reciente, donde la auditoría de Aznárez destaca la recepción de 465.454 euros. La coincidencia de que el mismo hombre que presuntamente ayudaba a ocultar mordidas en la trama SEPI sea quien fiscaliza el correcto uso de estas subvenciones públicas genera un evidente conflicto de imagen y potenciales dudas sobre la rigurosidad de dichos controles.
El contexto judicial
Esta información se conoce en un momento delicado para el entorno del Gobierno. Por un lado, el ‘caso SEPI’ continúa avanzando con el juez investigando a diversos cargos públicos y empresarios, como Leire Díez, por presuntos amaños y el cobro de comisiones en rescates empresariales durante la pandemia.
Por otro, la figura de Begoña Gómez sigue estando bajo el escrutinio mediático y judicial por sus actividades profesionales y su relación con empresas rescatadas por el Gobierno, un asunto que ha generado un intenso debate político en los últimos meses. La aparición de un auditor común entre una trama de corrupción investigada y su entorno profesional podría derivar en nuevas diligencias para esclarecer si existe alguna contaminación en la fiscalización de los fondos de la ONG.
Los investigadores deberán determinar ahora si la labor de Aznárez en la ONG se limitó a una auditoría técnica rutinaria o si su presencia responde a un patrón de relaciones cruzadas que requiera una explicación más profunda ante los tribunales.
