La investigación sobre la trama de la aerolínea Plus Ultra ha dado un giro inesperado que apunta directamente a las cloacas del Estado. Fuentes de la Guardia Civil han alertado de que la operación policial desplegada en los últimos días, que se saldó con varias detenciones, podría ser en realidad una «explosión controlada». El objetivo de esta maniobra no sería otro que establecer un cortafuegos para «blindar» al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ante el avance imparable de las pesquisas que le vinculan con la trama.
La reunión clandestina en El Pardo
El punto crítico que ha encendido todas las alarmas en la Unidad Central Operativa (UCO) es un encuentro secreto que tuvo lugar apenas 72 horas antes de las detenciones. Según los informes de los investigadores, Zapatero se reunió con Julio Martínez, empresario clave de la trama y presunto testaferro, en un paraje aislado del monte de El Pardo.
La cita se produjo en una «zona de sombra», un área conocida por carecer de cobertura móvil, lo que imposibilita el rastreo telefónico. Para mayor gravedad, se ha revelado que el expresidente habría utilizado a sus propios escoltas oficiales para asegurar el perímetro y garantizar que la reunión se mantuviera en la más estricta clandestinidad, lejos de miradas indiscretas y objetivos periodísticos.
El «chivatazo» y el borrado de dispositivos
La consecuencia inmediata de este encuentro fue, a juicio de los investigadores, la destrucción de pruebas vitales. Cuando los agentes procedieron a la detención de Martínez tres días después, se encontraron con que el empresario había realizado un borrado masivo y profesional de sus dispositivos electrónicos.
Para la Guardia Civil, la correlación temporal es innegable: el encuentro sirvió para dar el «queo». Los agentes sostienen que el empresario recibió información privilegiada sobre la inminencia de la operación policial, lo que le dio el tiempo suficiente para limpiar su rastro digital y eliminar evidencias que podrían haber incriminado directamente al expresidente en el rescate millonario de la aerolínea.
Desconfianza en la cúpula de Interior
El malestar en el seno de la Guardia Civil es profundo. Los agentes operativos denuncian que, si bien la gran mayoría del cuerpo actúa con profesionalidad, la cúpula del Ministerio del Interior estaría «contaminada» y maniobrando para proteger al entorno político del Gobierno.
La tesis de la «explosión controlada» sugiere que se permitió actuar contra los peones de la trama (los empresarios detenidos) precisamente para sacrificarles y evitar que la investigación escalara hasta la «X» del organigrama, que los investigadores sitúan en el entorno más próximo a Zapatero. De confirmarse, estaríamos ante una obstrucción a la justicia planificada desde las propias instituciones encargadas de velar por ella.
Mientras la instrucción judicial avanza bajo secreto de sumario, la tensión entre los investigadores y los responsables políticos de Interior crece, con la sombra de la sospecha cerniéndose sobre un rescate público de 53 millones de euros que amenaza con convertirse en uno de los mayores escándalos de la década.