El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha cerrado hoy la crisis abierta en la cúpula de la lucha contra la corrupción con la designación del coronel Pedro Merino Castro al frente de la Unidad Central Operativa (UCO). La decisión llega apenas dos semanas después de que el Consejo de Ministros aprobara el ascenso a general de brigada de su predecesor, Rafael Yuste, un movimiento administrativo que forzó su salida automática del puesto y que generó suspicacias en la oposición y en sectores de la judicatura por el momento elegido.

Un perfil técnico con experiencia en Seguridad Nacional

Fuentes del Instituto Armado han confirmado que la elección de Merino Castro busca aportar un perfil de solvencia técnica y amplia trayectoria. El coronel, que hasta la fecha dirigía la Comandancia de la Guardia Civil en Salamanca, no es un desconocido para la unidad que ahora pasará a dirigir.

Nacido en Cáceres en 1964, Merino Castro cuenta con una hoja de servicios que incluye su paso previo por la propia UCO, así como por la Unidad Técnica de la Policía Judicial. Además, ha ocupado puestos de responsabilidad como jefe de la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS) y de la Unidad Especial de Intervención (UEI). Destaca en su currículum su paso como vocal asesor en el Departamento de Seguridad Nacional del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, un detalle que añade un componente político-estratégico a su perfil operativo.

El reto de dirigir la UCO bajo la lupa

El nuevo jefe de la UCO asume el mando en, probablemente, el momento de mayor presión mediática y política para la unidad en la última década. Sobre su mesa aterrizan de inmediato expedientes de alto voltaje político. La unidad mantiene abiertas varias líneas de investigación que cercan al Ejecutivo y al Partido Socialista, incluyendo las pesquisas del ‘caso Koldo’, que indaga en la supuesta trama de comisiones ilegales en la compra de mascarillas, así como las diligencias relacionadas con Begoña Gómez y el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez.

La oposición ha vigilado con lupa este relevo. Desde que se anunció el ascenso de Yuste el pasado 2 de diciembre, diversas voces políticas alertaron de un posible intento de “descabezar” la unidad para frenar las investigaciones en curso. Sin embargo, desde el Ministerio del Interior siempre se ha defendido la “absoluta normalidad” del proceso, argumentando que el ascenso del anterior jefe era un paso natural en su carrera militar al cumplir los requisitos para el generalato.

Con la llegada de Merino Castro, se espera que se normalice la actividad de la unidad y se disipen las dudas sobre la independencia operativa de los agentes que investigan estas causas sensibles. El coronel deberá gestionar no solo la complejidad técnica de las tramas de corrupción, sino también el blindaje de sus equipos frente a la tormenta política que sacude la legislatura.