Madrid. — Lo que esta mañana amanecía como una operación genérica contra la corrupción en la contratación pública ha tomado forma y nombres concretos a lo largo del día. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y el Juzgado Central de Instrucción Número 6 han destapado una presunta trama criminal anidada en el entorno de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). La red habría mediado para asegurar rescates y contratos por valor de 132 millones de euros entre 2021 y 2023, cobrando a cambio comisiones ilegales camufladas como servicios de asesoría.

El triángulo de la trama: Fernández, Díez y Alonso

Si en las primeras informaciones se hablaba de “altos cargos”, el sumario ha puesto bajo la lupa a tres figuras clave. Por un lado, Vicente Fernández, quien fuera presidente de la SEPI entre 2018 y 2019. Junto a él, Leire Díez, exmilitante socialista y antigua directora de comunicación de la empresa pública Enusa. El tercer vértice es el empresario Joseba Antxón Alonso, dueño de la mercantil Servinabar 2000.

La tesis de la Fiscalía Anticorrupción es que los investigados aprovecharon su influencia política y sus contactos en el sector público —incluso después de abandonar sus cargos— para actuar como “conseguidores”. La operativa consistía en asegurar que ciertas empresas recibieran inyecciones de fondos públicos, exigiendo posteriormente un “peaje” o comisión.

El desglose de los 132 millones: Tubos Reunidos y Forestalia

Los investigadores han puesto el foco en cinco operaciones sospechosas, pero tres de ellas concentran el grueso del volumen económico.

La operación de mayor envergadura bajo sospecha es el rescate de la compañía Tubos Reunidos, que recibió una inyección del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas de 112,8 millones de euros. Según las pesquisas, la trama habría cobrado unos 115.000 euros por “facilitar” este movimiento.

Otra de las adjudicaciones investigadas afecta a Arapellet, una empresa vinculada al grupo Forestalia, que recibió ayudas por valor de más de 17 millones de euros a través de SEPIDES (filial de la SEPI). En este caso, la comisión detectada para la red habría ascendido a 200.000 euros.

Curiosamente, la “mordida” más alta detectada hasta el momento no corresponde a la ayuda más cuantiosa, sino a un contrato de obra de 2,8 millones de euros en el Parque Empresarial del Principado de Asturias (PEPA). Por esta gestión, los investigados se habrían repartido presuntamente 400.000 euros.

El mecanismo de la “puerta giratoria”

La UCO ha detectado un patrón claro: el uso de mercantiles pantalla para blanquear los cobros. Tras su salida de la presidencia de la SEPI, Vicente Fernández fue contratado por la empresa de Antxón Alonso, Servinabar 2000. Los investigadores sospechan que este fichaje no obedecía a una labor profesional real, sino que servía para canalizar los pagos por los servicios de influencia prestados.

El dinero recaudado, que la investigación cifra en torno a los 750.000 euros en total, habría sido destinado a la compra de propiedades inmobiliarias en lugares como Jaca y Marbella.

Libertad con cargos

Tras las detenciones practicadas el miércoles y los registros en la sede de Enusa, los tres cabecillas pasaron a disposición judicial este fin de semana. El magistrado ha decretado su libertad provisional, pero con medidas cautelares severas: retirada del pasaporte y comparecencias quincenales. Mientras Díez y Alonso se negaron a declarar, Fernández negó haber cobrado comisiones irregulares.

La investigación sigue abierta y bajo secreto de sumario, con la vista puesta en posibles ramificaciones que podrían afectar a otros cargos del entorno político socialista, dada la trayectoria de los investigados.