Madrid. — En un movimiento que ha generado debate en el ámbito de la administración pública, el Congreso de los Diputados y el Senado han aprobado una modificación sustancial en el régimen de sus trabajadores. Las Mesas de ambas Cámaras, en reunión conjunta, han validado la opción de que los funcionarios de las Cortes Generales puedan prolongar su servicio activo hasta los 75 años de edad.

La medida, enmarcada dentro de la nueva Estrategia de Recursos Humanos 2025-2035, se presenta como una solución organizativa ante la previsión de un pico de jubilaciones en los próximos años, pero ha despertado críticas por el agravio comparativo respecto al resto del funcionariado estatal.

Un retiro a medida bajo criterios de “mérito”

La nueva normativa no establece una extensión automática, sino un sistema “a la carta”. La prórroga de la jubilación será voluntaria y deberá solicitarse anualmente. Para su concesión, las Mesas evaluarán criterios subjetivos y organizativos, tales como:

• La trayectoria profesional y los méritos del funcionario.
• El desempeño y rendimiento en su puesto.
• Necesidades funcionales de las Cámaras.

Esta flexibilidad contrasta con la rigidez que enfrentan otros cuerpos de la administración, convirtiendo a los trabajadores del parlamento (letrados, ujieres, administrativos de las Cortes) en un colectivo con condiciones singulares y ventajosas respecto al Régimen General.

Justificación: Retener talento ante la falta de relevo

El argumento oficial esgrimido por la administración parlamentaria se basa en la necesidad de retener el “conocimiento institucional”. Según la justificación del acuerdo, la naturaleza especial del trabajo parlamentario requiere de una cualificación que se garantiza mejor reteniendo a personal experimentado. Además, se busca evitar vacíos en la plantilla ante la ola de retiros previstos para la próxima década.

La polémica: funcionarios de primera y de segunda

La decisión ha levantado ampollas en otros sectores del empleo público. Mientras los funcionarios de las Cortes aseguran su derecho a trabajar hasta los 75 años, la gran mayoría de los empleados públicos del Estado (AGE) mantiene una lucha sindical para elevar la edad de jubilación forzosa de los 70 a los 72 años, una reivindicación que avanza lentamente en los trámites legislativos.

Sindicatos y asociaciones profesionales ajenos a las Cortes ven en esta medida un “privilegio corporativo” que blinda a la élite administrativa del poder legislativo, mientras el resto de la administración carece de mecanismos similares para prolongar su carrera y, por ende, mejorar sus bases de cotización o completar años de servicio.

Modernización del Estatuto

Además de la polémica jubilación, el nuevo Estatuto de Personal aprobado introduce otras mejoras laborales para la plantilla de las Cortes, como una regulación más amplia del teletrabajo, medidas de conciliación y nuevos protocolos contra el acoso laboral, buscando modernizar la estructura de recursos humanos de la institución.