La Audiencia Nacional, a través del juzgado dirigido por el magistrado Antonio Piña, investiga una supuesta organización criminal dedicada al amaño de contratos públicos cuyo valor conjunto asciende a 132,9 millones de euros. La trama estaría presuntamente encabezada por Leire Díez, conocida como antigua ‘fontanera’ del PSOE; Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI); y el empresario Antxon Alonso.

Este sábado, tras pasar a disposición judicial, el magistrado decretó la puesta en libertad provisional para los tres investigados, aunque les impuso medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción: comparecencias quincenales en el juzgado, retirada del pasaporte y prohibición de abandonar el territorio nacional. Se les imputan delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal en una causa que permanece bajo secreto de sumario.

El mecanismo del presunto fraude y los contratos bajo la lupa

La investigación, liderada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, apunta a que los investigados habrían manipulado adjudicaciones públicas para obtener beneficios ilícitos. Según las pesquisas, las presuntas comisiones ilegales (“mordidas”) derivadas de estos amaños se canalizaban a través de una sociedad instrumental denominada Mediaciones Martínez.

Las autoridades han puesto el foco en cinco operaciones concretas:

  1. El rescate de Tubos Reunidos: Es la operación de mayor envergadura económica. Se investiga la concesión de 112,8 millones de euros del Fondo de Solvencia para Empresas Estratégicas, gestionado por la SEPI, a la siderúrgica vasca en 2021.
  2. Contrato de Enusa: Una adjudicación de la Empresa Nacional del Uranio (Enusa) a la empresa Residuos de Melilla (Remesa). Cabe destacar que Leire Díez fue directora de comunicación de Enusa entre 2018 y 2021.
  3. Adjudicación de Mercasa: Un contrato otorgado a la empresa Servinabar.
  4. Operación en Asturias: Una adjudicación del Parque Empresarial del Principado de Asturias (PEPA) a la empresa de derribos Erri Berri.
  5. Ayuda de Sepides: Una subvención concedida por la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial a Forestalia Arapallet.

Desarrollo de la operación policial y judicial

La operación de la UCO ha incluido hasta 19 registros y requerimientos de documentación en sedes sensibles, incluyendo oficinas de Correos y dependencias de los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica.

Durante las comparecencias de este sábado en la Audiencia Nacional, tanto Leire Díez como Antxon Alonso se acogieron a su derecho a no declarar, argumentando el secreto de las actuaciones. Por su parte, el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, sí respondió a las preguntas, negando su participación en los amaños y el cobro de comisiones ilegales. Fernández, al igual que otros nombres vinculados a la trama, también tuvo relación laboral con la empresa Servinabar, investigada en el Supremo como posible vehículo para el cobro de mordidas.

Otros frentes judiciales para Díez

Esta no es la única causa abierta contra Leire Díez. Paralelamente, está siendo investigada por un juzgado de Madrid por delitos de tráfico de influencias y cohecho. En ese procedimiento se examina si Díez, presentándose como mano derecha de altos cargos socialistas, ofrecía influir en la Fiscalía para obtener favores judiciales a cambio de información sensible contra mandos policiales, jueces y fiscales.

El juez Piña ha comunicado a los encausados que en los próximos días se ordenarán nuevas diligencias de investigación.