Miguel Ángel
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha estrechado el cerco sobre la presunta corrupción política vinculada al sector de los hidrocarburos. En su último informe remitido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, los investigadores concluyen que existió una cadena de influencia directa diseñada para beneficiar los intereses empresariales de Claudio Rivas, propietario de la operadora Villafuel.
Según el documento policial, el empresario Víctor de Aldama logró instrumentalizar la figura del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, para que este ejerciera presión sobre otros departamentos gubernamentales. El objetivo era claro: agilizar licencias y saltarse los controles administrativos obligatorios.
La cadena de transmisión: de Koldo a los Ministerios
La investigación detalla que la influencia no se ejerció de manera abstracta, sino a través de canales específicos. El informe señala al exasesor ministerial Koldo García como el ejecutor de estas presiones. García habría mantenido «contactos directos» con altos cargos de otros ministerios clave para la regulación energética.
Entre los nombres citados por la UCO figuran Juan Ignacio Díaz Bidart, jefe de gabinete del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MINCOTUR), y Marc Isaac Pons, su homólogo en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Además, Aldama habría intermediado directamente con Manuel García Hernández, director general de Política Energética y Minas.
El propósito de estas gestiones, realizadas presuntamente entre septiembre de 2020 y diciembre de 2024, era conseguir que la empresa Villafuel obtuviera la condición de operador mayorista de hidrocarburos, «soslayando el incumplimiento de los requisitos legalmente establecidos», según reza el informe.
«Se les ha dado más de 1 kilo»
Uno de los puntos más contundentes del informe de la Benemérita se centra en la contraprestación económica. Los agentes sostienen que la trama criminal disponía de fondos millonarios para «comprar la voluntad del cargo público».
El origen de este dinero ilícito provendría de un fraude masivo del IVA, cuantificado en 49,2 millones de euros entre 2021 y 2022, generado a través de una empresa instrumental denominada Have Got Time. Parte de este dinero defraudado a la Hacienda Pública se desvió para los pagos a la trama política.
La UCO sustenta esta acusación en mensajes de WhatsApp intervenidos a los investigados. En una conversación fechada el 10 de julio de 2021 —día en que se conoció el cese de José Luis Ábalos del Gobierno—, Leonor María González Pano escribía a Natán González (ambos investigados) para calmar los ánimos sobre la seguridad de sus operaciones:
«Se les ha dado mucho dinero (…) no se van a arriesgar (…) se les ha dado más de 1 kilo».
Influencia a cambio de dádivas
La tesis policial presentada ante la Audiencia Nacional es que la organización liderada por Claudio Rivas permeó las estructuras de la Administración del Estado. La operativa descrita por la UCO dibuja un esquema clásico de corrupción: la obtención de influencia política para obtener autorizaciones administrativas irregulares a cambio de «dádivas y contraprestaciones ilícitas».
El juez Santiago Pedraz deberá ahora valorar estas nuevas pruebas que apuntan directamente a la cúpula del Ministerio de Transportes de la anterior legislatura como facilitadores necesarios de un fraude que costó decenas de millones de euros a las arcas públicas.
Fuente: abc.es
